SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1016/2005-R

El recurrente interpone el presente recurso alegando la vulneración de sus derechos a la seguridad jurídica, a formular peticiones, al debido proceso y a la propiedad privada, denunciando que a raíz de la querella interpuesta en su contra por los supuestos delitos de estafa y estelionato, la Jueza correcurrida instauró sumario penal en su contra y dispuso la anotación preventiva de sus bienes inmuebles; empero, por Auto de 6 de junio de 2002, declinó competencia disponiendo que la referida causa sea tramitada con el Código de procedimiento penal, dejando subsistente la referida medida precautoria; a cuya consecuencia, le solicitó deje sin efecto dicha medida. Ante su rechazo, presentó similar solicitud ante el Fiscal recurrido, quien también le negó su pedido, desconociendo ambas autoridades que al negar su pedido han transcurrido desde el inicio de las investigaciones policiales hasta la interposición del presente recurso tres años, once meses y veintitrés días, sin que hasta la fecha se haya definido su situación jurídica y sin que se haya dispuesto la cancelación de las anotaciones preventivas que pesan sobre sus bienes. Consiguientemente, corresponde determinar, en revisión, si tales extremos son ciertos y si se justifica otorgar la tutela que brinda el art. 19 de la CPE.