SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0996/2006-R

El recurrente señala que en su condición de profesor normalista mediante concurso de méritos accedió al cargo de Director de la Unidad Educativa “Villa Bolivia” turno de la tarde; sin embargo, el Tribunal Disciplinario del Distrito de Educación I -recurrido- dispuso su traslado a la Unidad Educativa San Martín turno de la tarde, anunciándole la apertura de proceso disciplinario sin mencionar los cargos de los que se le acusaba y menos entregarle copia de las supuestas denuncias para que pueda asumir su defensa; violando así el principio de inocencia consagrado en el art. 16 de la CPE, pues antes de abrir proceso, se le está sancionando, haciendo caso omiso al art. 6 del Reglamento de Faltas y Sanciones Disciplinarias, que dispone que ningún funcionario será removido de su cargo, mientras no se compruebe su culpabilidad; por lo que reclamó ese atropello pidiendo su inmediata restitución a su fuente de trabajo, además de solicitar fotocopias legalizadas de todas las denuncias, sin embargo no tuvo respuesta a su petición. Posteriormente, insistió en que se le restituya a su fuente de trabajo, sin ser escuchado, tampoco se le permitió conocer el expediente y menos le proporcionaron las copias solicitadas; asimismo, ese Tribunal le citó a prestar declaración, donde no se le permitió intervenir a su abogado defensor, ni tampoco se le quiso entregar fotocopias de su declaración; además, se negó a tomar las declaraciones de sus testigos de descargo; luego, solicitó se señale nueva audiencia para la declaración de sus testigos de descargo; sin embargo, la misma jamás fue fijada, provocándole total indefensión, ya que no se le permitió aportar pruebas; para finalmente, por Resolución 004/2005, de 29 de junio, declararle culpable de los hechos desconocidos por él y disponer su destitución; Resolución que fue apelada con la esperanza de que el Tribunal de alzada -ahora también recurrido- haga respetar sus derechos; sin embargo, no fue así, por cuanto, le sancionaron con el descenso a un cargo inferior, sin mencionar de qué se le acusaba; vulnerando así sus derechos a la seguridad jurídica, a la presunción de inocencia, a la defensa y al debido proceso. Corresponde, en revisión, analizar por ende si tales aseveraciones son ciertas, y si dan lugar o no a brindar la tutela que otorga el art. 19 de la CPE.