SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0064/2006

Las normas previstas por el art. 109 de la CPE establecen que en cada departamento el Poder Ejecutivo está a cargo de un Prefecto, el cual, conforme a la interpretación efectuada por la Ley 3090, de 6 de julio de 2005, es designado por el Presidente de la República precedido de una elección democrática; por tanto, dichas autoridades tienen legitimidad emergente de su forma de elección directa y posterior designación presidencial; empero, dicha legitimidad puede ser anulada mediante ciertos mecanismos preexistentes a la forma electa de designación de los prefectos, como la existente en el art. 16 de la LDA, que dispone la censura por parte del consejo departamental a los prefectos, dispositivo que genera la obligación para dicha autoridad de renunciar a su cargo, lo que lesiona la configuración del Estado y varios valores superiores y principios constitucionales.