SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0387/2007-R

En ese sentido, la SC 1502/2002-R de 9 de diciembre, estableció que las: “(...) acciones de hecho - como las que motivan el presente recurso- no pueden hallar amparo legal bajo circunstancia alguna, y sus autores, como los que cooperan o contribuyen a lograr los resultados perseguidos con esas acciones, así sean esperados desde la expectativa social, se sitúan dentro de la ilegalidad y se hacen acreedores -autores y cómplices- a las consecuencias jurídicas de sus actos, en la forma en que el orden jurídico lo establece; pues, el Estado de Derecho, si bien establece un control judicial de la administración y una sujeción de los poderes públicos a la ley, cualquier acción antijurídica debe ser enjuiciada conforme al procedimiento que establece la ley, no pudiendo reprimir o sancionar tales actos con acciones de hecho, que también caen en la antijuricidad ” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

  La jurisprudencia glosada anteriormente subraya el marco de censura que el Estado de Derecho confiere a las acciones de hecho con relación a la actuación de autoridades municipales democráticamente elegidas, medidas de hecho provenientes de organizaciones sociales, cívicas o municipales, aunque sean aprobadas por poblaciones conjuntas, por cuanto carecen de legalidad y legitimidad, por cuanto no está permitido hacer justicia por cuenta propia, sino que para sancionar a dichas autoridades, se deberá seguir el procedimiento previsto en la Ley de Municipalidades.