SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1493/2010-R

         En relación al referido principio, el art. 129.II de la CPE, determina: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”; plazo que ya se hallaba reconocido por la jurisprudencia constitucional emitida por este Tribunal, en vigencia de la Constitución abrogada, como requisito de solicitar la tutela en forma pronta, oportuna y sin dilaciones innecesarias, agotadas las vías legales ordinarias, en reclamo de los derechos supuestamente vulnerados; y que encuentra sustento: “…cuando se tiene en cuenta que la jurisdicción constitucional no puede aguardar de manera indefinida a que el titular del derecho solicite su protección, pues en su propio interés debe ser diligente en cuanto al respeto y vigencia de sus derechos que sufren menoscabo, por ello tiene el derecho y el deber de acudir sin ningún tipo de espera o dilación en busca de la protección requerida.