SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1525/2010-R

El art. 52 del DS 23215, “Reglamento del Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la República” aclara que los procesos a que se refiere la disposición legal anterior, “… son todos aquellos en los que el Estado, sus instituciones y los organismos en los que tiene participación, intervienen como parte”.

Sobre el particular, la SC 1295/2001-R de 7 de diciembre, estableció lo siguiente: “(…) las disposiciones legales se limitan a los procesos previstos por la Ley 1178, dando a entender en apariencia que sólo serían los procesos coactivos fiscales y ordinarios, empero ello no es así porque la norma referida no hace exclusión expresa de aquellos procesos judiciales tramitados respecto de los contratos en los que el Estado actúa como persona de derecho privado o público, sino que de manera genérica se considera que el Estado sea parte de un proceso judicial cualquiera sea su naturaleza.

En ese entendido la interpretación realizada por los Vocales recurridos de las disposiciones legales antes citadas que dieron lugar a que se dejen sin efecto las costas fijadas a favor de la empresa recurrente no es ilegal por el contrario se ajusta a las normas vigentes habiendo obrado los recurridos en sujeción a la Ley, circunstancia que hace improcedente el presente Recurso”.

         Del marco legal y jurisprudencial precedentemente citado, es posible concluir que las normas de los arts. 39 de la LACG y 52 del DS 23215, establecen la exclusión del Estado, sus instituciones o entidades de la condenación en costas y honorarios profesionales, en todos los procesos judiciales o administrativos en los que éstas intervengan, en cualquiera de sus grados e instancias.