SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2070/2010-R

La recurrente, ahora accionante, manifiesta que las autoridades recurridas hoy demandadas, vulneraron sus derechos y garantías al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a la petición y a la seguridad jurídica, por cuanto: 1) Dieron cumplimiento a la Resolución de amparo constitucional 478/2006 de 24 de octubre, de dictar nuevo Auto Supremo conforme al razonamiento de la SC 0101/2004-R, con relación al art. 133 del CPP y art. 15 de la LOJabrg, pero la Resolución que dictaron,         -absolutamente forzada- no declaró la extinción de la acción penal en su favor; y, 2) Dictaron el Auto Supremo 547/2007, que  declaró nuevamente no haber lugar a la extinción de la acción penal solicitada,  con el argumento de que las dilaciones cometidas en el proceso, son atribuibles a la accionante, al oponer excepción de prejudicialidad, que fue rechazada y recurrió de apelación contra esa Resolución. Corresponde analizar, en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.