SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2092/2010-R

El recurrente, ahora accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la “seguridad jurídica” y al debido proceso, así como el principio de legalidad, señalando que a consecuencia de la denuncia efectuada por robo de madera en su propiedad que derivó en agresiones mutuas entre el denunciado y su persona, estando de civil en la localidad de Apolo, el 20 de julio de 2006 fue notificado con el Auto Inicial de Proceso Disciplinario por la supuesta falta disciplinaria prevista en el art. 6to.  inc. “A” Núms. 3) y 19) e inc. “B” Núm. 9) con las circunstancias agravantes del Cap. VIII Inc. a), d) y f) del Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones de la Policía Nacional, calificación que no fue la adecuada por cuanto dicha normativa textualmente está referida a la actividad policial fuera de servicio y en beneficio personal, y la denuncia versa sobre agresiones físicas, situación que no fue considerada al emitir la Resolución Administrativa 064/2007 que lo sanciona, así como la Resolución 466/2007 de 1 de diciembre que lo confirma y que declaró improbada la apelación con notable falta de precisión de normas jurídicas y reglamentarias, al no haber observado los plazos procesales previstos dentro del proceso. Consiguientemente, corresponde analizar, en revisión, si se debe otorgar o no la tutela solicitada.