SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2222/2010-R
Fecha: 19-Nov-2010
recurso de amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional,
En revisión la Resolución 15/2008 de 23 de agosto, cursante de fs. 274 a 280, pronunciada por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro del recurso de amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional, interpuesto por Leonor Yucra Iquise de Portillo, Edith Terna Antezana de Sotomayor, Angelica Condori Vda. de Soria, Zelis Milán Ignacio Yapari, Emilio Cortez Flores, Rosario Martinez Tito, Graciela Aguilar Zambrana, Olga Sotomayor Vidaurre, Timoteo Achá Tordoya, Leonardo Colque Huayllpa, Florinda Aleja Yugar de Condarco, Jorge Delgado Delgado, Esteban Atora Pérez, Martha Rodríguez Mendoza, Benigno Cuellar Condori, María Quispe de Quiroga, Valerio Juaniquina Huanca, Guido Tapia Fernández y Zulema Condori Choque, contra Alberto Luís Aguilar Calle, Prefecto y Comandante del departamento de Oruro; Edgar Rafael Bazán Ortega, Alcalde Municipal de la misma ciudad; Felix Chambi Alarcón y Eloy Escobar Ayaviri, alegando la vulneración de sus derechos a la libertad, a “la seguridad jurídica”, al trabajo, a la petición y a la propiedad privada, citando al efecto los arts. 6, 7 incs. a), d), h) e i) y 22 de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg).
- recurso de amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional,
- I.1.1. Hechos que motivan el recurso
- a)
- I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
- 1)
- i)
- improcedente
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- el objeto
- III.1. Sujeción de la actuación del Tribunal Constitucional a la Constitución Política del Estado vigente desde el 7 de febrero de 2009
- acción de amparo constitucional
- concederá o denegará
- accionante
- denegar
- III.3.
- es preciso e ineludible que el agraviado o su representante aporten pruebas suficientes que demuestren el acto ilegal, pues para el caso de que esto no ocurra, no se tendrá la certeza suficiente de la infracción al derecho que se considera infringido, y en esas circunstancias, otorgar la tutela no es posible, dado que se estaría ante un viable fallo injusto contra el recurrido dándose por cierto un acto ilegal u omisión indebida cuando éste no ha sido demostrado
- en caso de avasallamiento a la propiedad pública o privada, en cuyo caso la ciudadanía civil en su generalidad tiene la obligación de denunciar
- APROBAR