SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2794/2010 -R

En revisión la Resolución de 11 de febrero de 2009, cursante de fs. 60 a 61 vta., pronunciada por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del recurso de amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional, interpuesto por Omar Harold Barrientos Chávez y Joaquín Corro Ardaya en representación de Alejandro Peralta Landívar contra Clara Marañón Menduiña de Arce, Jueza Cuarta de Partido de Familia y Silvia Delia Jiménez Cossío, Jueza Primera de Instrucción de Familia ambas del mismo Distrito Judicial, alegando la vulneración de los derechos de su representado “a la seguridad jurídica”, al debido proceso, a la legalidad y a la libertad, citando al efecto los arts. 7 incs. a) y g), y 16 de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg), así como y “el derecho de aplicación del art. 3 inc. 1) del Código de Procedimiento Civil (CPC)”.

Siendo aplicable al caso concreto la Constitución vigente y los demás compartimentos del bloque de constitucionalidad, es imperante previamente aclarar la terminología procesal-constitucional a ser utilizada; al respecto, la Constitución abrogada en el art. 19, norma el “recurso de amparo constitucional”. De manera más amplia y garantista los arts. 128 y 129 de la Constitución Política del Estado vigente (CPE), reglamentan la llamada “acción de amparo constitucional”, sin que en esencia esta nueva norma altere el “núcleo esencial” de este mecanismo procesal.

En mérito a lo expuesto, se puede establecer que una diferencia entre ambas normas no se refiere al núcleo esencial de protección de esta garantía de defensa, sino más bien la diferencia radica en la dimensión procesal de ambos; es decir, que con la Constitución abrogada este era considerado un recurso, en cambio, con la Constitución vigente, este mecanismo es una acción.

El cambio en cuanto a la dimensión procesal de esta garantía, tiene incidencia directa en la terminología a utilizarse en cuanto a las partes procesales involucradas en las causas a ser resueltas, en ese contexto, la norma constitucional abrogada denominaba a las partes intervinientes recurrente (s) y autoridad (es) recurrida (s), terminología que en la nueva dimensión procesal de esta garantía debe cambiar.