SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2829/2010-R

El recurrente alega que las autoridades recurridas vulneraron los derechos de la institución que representa a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la defensa, siendo que dentro del proceso ejecutivo seguido por CEINDE contra el Gobierno Municipal de Oruro, en ejecución de sentencia, el Juez de primera instancia, a solicitud del representante legal de la empresa ejecutante, ordenó al Viceministerio de Tesoro y Crédito Público dependiente del Ministerio de Hacienda, el congelamiento de las cuentas correspondientes a la ejecutada en todo el sistema bancario nacional, sin contar con poder específico para ello, situación que en apelación no se subsanó por el Tribunal de alzada, atentando contra los fondos de la comuna, que dichos dineros están destinados al mejoramiento de la ciudad. En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Tribunal de garantías, corresponde dilucidar si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos a los derechos fundamentales del recurrente, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.