SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2886/2010-R

Por otra parte, del contenido del art. 129.II de la CPE, transcrito anteriormente, y lo establecido por la jurisprudencia constitucional, se tiene que el plazo máximo de seis meses para la interposición de esta acción tutelar, se computa a partir de la comisión de los actos denunciados, o de notificada la última decisión administrativa o judicial, cuando existieren medios idóneos para la protección de los derechos lesionados, dado que: ´…cuando se reclama ante instancias no competentes o por medios no idóneos, éstos no pueden interrumpir el plazo de seis meses de caducidad del recurso de amparo, ya que al no ser mecanismos legales, no pueden generar una consecuencia jurídica habilitante para impedir la prescripción del derecho a acceder a dicho recurso; en tal sentido, sólo las vías legales e idóneas interrumpen el plazo de seis meses determinado como máximo para acceder al recurso de amparo constitucional´(las negrillas son nuestras) (SC 0079/2007-R de 23 de febrero)” (las negrillas nos pertenecen).

Ante la vulneración de un derecho fundamental o garantía constitucional, susceptible de tutela constitucional, la persona individual o colectiva, que la sufrió, debe actuar con la debida diligencia para la activación de la jurisdicción constitucional y obtener el restablecimiento de su derecho vulnerado. Es decir, que debe actuar con diligencia en el uso de los medios de impugnación, lo contrario solo demostraría desinterés en la tutela inmediata por parte de la jurisdicción constitucional. Los actos realizados durante el lapso entre la comisión del acto ilegal y la interposición de la acción de amparo constitucional deben ser idóneos y ante instancias competentes para que tengan el efecto de interrumpir el plazo de su interposición; caso contrario, serán inocuos no impedirán la continuidad del computo del término, ya que dichos actos al ser irregulares, no pueden generar consecuencias jurídicas.