AUTO CONSTITUCIONAL 0263/2010-CA

Sobre este aspecto, la SC 1135/2006-R de 13 de noviembre, luego de un análisis sobre si rige o no la aplicación del principio de irretroactividad para la jurisprudencia constitucional, partiendo de la SSCC 1426/2005-R y 0076/2005 concluyó que: “…las Sentencias pronunciadas por el Tribunal Constitucional, al constituirse en un medio por el cual la Ley Fundamental desplaza su eficacia general, no están regidas por el art. 33 de la CPE, que establece el principio de irretroactividad de las leyes, sino que tienen validez plena en el tiempo; lo que significa que los razonamientos de las Resoluciones constitucionales pueden ser aplicados en los procesos que están en curso; es decir, en aquellos que no tienen calidad de cosa juzgada, sin importar que los hechos a los que ha de aplicarse el entendimiento jurisprudencial hubieren acaecido con anterioridad al pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Sin embargo, en los procesos que tengan resoluciones con calidad de cosa juzgada, (…), no es posible aplicar el nuevo entendimiento contenido en los fallos constitucionales,…”.

Lo cual significa que el razonamiento jurídico o interpretativo sentado en el presente Auto Constitucional que es emitido por la Comisión de Admisión, a tenor de lo dispuesto por el art. 41.I inc. 3) de la LTC, al formar parte de las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional, en virtud al art. 44 de la citada LTC tiene efecto vinculante y por ende obligatorio, no existiendo óbice alguno para su aplicación inmediata al caso concreto.

Por lo expuesto precedente, el argumento de la Jueza de Partido y de Sentencia de Montero, provincia Obispo Santistevan y Warnes del Distrito Judicial de Santa Cruz referido a que al no existir “… vinculatoriedad entre el pronunciamiento de constitucionalidad o inconstitucionalidad  del artículo 113 del reglamento interno del Concejo Municipal de Minero con la resolución que tenga que dictarse en el presente Recurso de Amparo Constitucional, y no existiendo causal alguna que determine la paralización del trámite principal, se dispone la prosecución del trámite del recurso de Amparo Constitucional” (sic), es correcta, aunque con el fundamento expuesto anteriormente.