SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0265/2010-R

Por su parte, en la SC 0339/2005-R de 8 de abril, a momento de resolver una problemática en la cual, un abogado solicitó la regulación de honorarios profesionales, dentro de un proceso de reconocimiento de firmas, en base a una iguala profesional; pero dicha medida preliminar no tiene un monto o cuantía para determinar los honorarios profesionales; situación que conllevó a que el Tribunal de garantías conceda la tutela, misma que fue aprobada por este Tribunal; así dicha Sentencia Constitucional señalo: “De acuerdo a la jurisprudencia glosada precedentemente, a la jurisdicción constitucional no le compete analizar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por los jueces y tribunales ordinarios, salvo que se advierta que en esa interpretación se hubieren lesionado principios, valores, derechos y garantías constitucionales. En este sentido, en la problemática planteada en el presente recurso, corresponde determinar si a consecuencia del pronunciamiento del Auto definitivo de 12 de septiembre de 2003, por el Juez recurrido y del Auto de Vista de 3 de mayo de 2004, dictado por los Vocales recurridos, se lesionaron los derechos invocados por el actor” .

            Pues, como se precisó anteriormente, una interpretación contraria, vulneraría, por un lado, la dignidad de la persona, por cuanto el cliente, sometido a cobros desproporcionados por los servicios profesionales prestados, se convertiría en un medio para la consecución de ventajas económicas; por otro, el principio de razonabilidad, toda vez que la regulación de honorarios en forma desproporcionada, sin atender a la relación entre el trabajo desplegado y los resultados obtenidos, determinaría que el cliente se vea obligado a cancelar el porcentaje de la cuantía sin haber recuperado el monto de los daños y perjuicios. Ambos aspectos, importan violación al valor superior justicia que informa el derecho positivo, que en su dimensión orientadora determina que sean ilegítimos aquellos actos que obstaculicen la consecución del valor justicia, y en su dimensión crítica, permite al órgano jurisdiccional, más aún constitucional, establecer si las resoluciones o actos impugnados están conformes con este valor constitucional (…)”. “Asimismo, de antecedentes se establece que si bien en el aludido documento de conciliación de cuentas se consigna el monto de $us2.695.788.30.-; empero, no consta que el mismo, hubiere dado lugar a una acción judicial posterior y menos, a la recuperación de sumas de dinero, por lo que no puede constituir un referente para la determinación de porcentajes a favor del abogado; por lo que se concluye, que las autoridades recurridas - Juez y Vocales-, a tiempo de dictar las resoluciones ahora impugnadas no actuaron en el marco de equidad y razonabilidad que emergen de los valores supremos y principios constitucionales que básicamente deben orientar la actuación de los administradores de justicia, tampoco tomaron en cuenta la previsión contenida en el art. 77 de la LA; consiguientemente, han lesionado el derecho a la seguridad jurídica invocado por el actor, lo que determina la procedencia del recurso de amparo constitucional”.