SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0527/2010-R

La recurrente, ahora accionante, alega la vulneración de la garantía al debido proceso y el principio de seguridad jurídica, de su representado por cuanto dentro del proceso penal por el delito de despojo seguido a instancias del Seguro Social Universitario en su contra y la de otros, solicitó la prescripción de la acción penal, en virtud de que pasaron más de cinco años sin que exista sentencia firme, habiendo demostrado, documentalmente, que la dilación del proceso más allá del plazo máximo, ha sido atribuible al órgano judicial, al Ministerio Público y a la parte civil; sin embargo, la autoridad recurrida, al pronunciar la Resolución 044/2006, revocando la Resolución de extinción de la acción penal pronunciada por el Juez inferior, no ha actuado con objetividad, mucho menos ha fundamentado su Resolución de manera razonable. Corresponde analizar, en revisión, si en el presente caso se debe otorgar o no la tutela solicitada.