SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0605/2010-R

Realizadas anteriores puntualizaciones, es necesario desarrollar los derechos invocados por los accionantes en vigencia de la actual Constitución. Sobre la seguridad jurídica, la norma suprema, en su art. 178.I, la consagra como principio para administrar justicia, conjuntamente otros, como la independencia, probidad, celeridad; principios que emanan del Estado de Derecho, entendido como: “…un principio rector del ordenamiento jurídico y que emana del Estado de Derecho, conforme lo señala la doctrina: 'La seguridad jurídica debe hacer previsible la actuación estatal para el particular, tal actuación debe estar sujeta a reglas fijas. La limitación del poder estatal por tales reglas, es decir leyes, cuya observancia es vigilada por la justicia, es contenido especial del principio de estado de derecho' (Torsten Stein. Seguridad Jurídica y Desarrollo Económico. FKA).

En efecto, la seguridad jurídica como principio emergente y dentro de un Estado de Derecho, implica la protección constitucional de la actuación arbitraria estatal; por lo tanto, la relación Estado-ciudadano (a) debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental, es decir, que sea previsible para la sociedad la actuación estatal; este entendimiento está acorde con el nuevo texto constitucional …“ (SC 0070/2010-R de 3 de mayo).

“En razón a ello, el principio de seguridad jurídica, si bien no puede ser invocado directamente por el recurrente como lesionado, sino vinculado a derechos y garantías reconocidos en la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad, no es menos evidente que a través de la protección de esos derechos y garantías, se materializa el cumplimiento de este principio” (SC 0107/2010-R de 10 de mayo).