SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0018/2010

i). Finalmente indica, que los arts. 3.I, 7, 22 y 23 de la Ley 2623, vulneran los arts. 1.II, 2, 6.I y II, 7 inc. a), 16.I, II y IV, 35, 59 inc. 20), 62.3, 66.1, 68, 69, 116.VI, 117.IV, 228 y 229 de la Constitución Política del Estado abrogada y de las garantías de dignidad, legalidad y primacía del texto constitucional inherentes a todo Estado Social y Democrático de Derecho, cuando una de las personas comprendidas dentro de su ámbito de aplicación, es acusada con un número de votos menor al exigido para su nombramiento, recibe una pena anticipada, es juzgada por un órgano específicamente creado para ese fin y se le aplica una medida cautelar personal que atenta contra su dignidad y honor, con abuso de poder y exceso de autoridad, no obstante de encontrarse en un Estado Social, Democrático y de Derecho, denominado así porque su objeto es afirmar la garantía de la legalidad que asegure la sanción con las penas, de las conductas legalmente establecidas por ley, cumpliendo con su objetivo de controlar el poder punitivo del Estado y regular su aplicación dentro de los límites que excluyan toda arbitrariedad y exceso de poder por quienes ejerzan el jus puniendi y el jus persecutio, como potestad del Estado.