SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1204/2010-R

El recurrente, ahora accionante, alega que las autoridades recurridas, ahora demandas, vulneraron los derechos de sus representados a un procesamiento en un tiempo razonable y sin dilaciones indebidas, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la petición; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Miguel Valentín Sevilla Jaillita y otra, por los delitos de allanamiento de domicilio, daño calificado, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir, lesiones graves y leves, tentativa de homicidio y complicidad, encontrándose en casación ante la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, el 8 de diciembre de 2006, solicitaron se declare la extinción del proceso penal por mora judicial, teniendo en cuenta que la demora no es atribuible a sus defendidos sino a los órganos jurisdiccionales y  a los querellantes; pero, sin atender ni sustanciar con carácter previo y especial dicha solicitud conforme el art. 308 del CPP, los Ministros demandados han emitido el Auto Supremo 128, sin pronunciarse sobre la extinción planteada. Corresponde analizar si en el presente caso se debe otorgar o no la tutela solicitada.