SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1243/2010-R

         Así, se evidencia que este Tribunal fijó una línea jurisprudencial clara, indicando que toda solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, debe tramitarse con la mayor celeridad posible o dentro de los plazos razonables; habiendo establecido por SC 0166/2010-R de 17 de mayo, que a su vez moduló el razonamiento asumido en la SC 0049/2010-R de 26 de abril, que: “…Toda autoridad jurisdiccional, sea juez o tribunal de instancia ordinaria, de ejecución penal, o funcionario policial o administrativo relacionado al sistema de régimen penitenciario, que conozca la solicitud de un detenido o privado de libertad, preventivamente o en cumplimiento de una condena en materia penal, o como emergencia de una orden, mandamiento o resolución judicial emitida por autoridad competente, independientemente de la materia o tipo de proceso, sea social, familiar, civil, penal, u otro, debe tramitar la misma con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos legales si están fijados por ley, o en un plazo razonable si no está establecido, cuando la petición esté relacionada a su situación jurídica; es decir, respecto a su libertad, o relacionado a su vida, y por ende a la salud, en procura de atención general o especializada por cuestiones físicas, psicológicas y morales que afecten la condición humana y pongan en riesgo su libertad o su vida. En el primer caso -derecho a la libertad- porque la finalidad es cambiar favorablemente su situación jurídica, obtener un beneficio o la libertad misma, inclusive; y En el segundo caso -derecho a la vida- porque la finalidad es lograr el respeto y vigencia de su derecho a la vida, dentro de los alcances descritos anteriormente, y que está disminuido o reducido, en el acceso y protección debido a su situación de privación o restricción a la libertad. Situación que también es extensible ante otras medidas que son restrictivas de la libertad, como el arraigo y la detención domiciliaria por ejemplo. En consecuencia, en el futuro este entendimiento debe tomarse como mandato para todas las autoridades y funcionarios públicos, dado el efecto vinculante emergente de los arts. 4 y 44 de la LTC" (las negrillas nos corresponden).