SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1275/2010-R

Cabe precisar en este punto, que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sentada a través de la SC 0980/2005-R de 19 de agosto, ha determinado que si el empleador no cumple con su obligación de cancelar los aportes, o no efectúa oportunamente las transferencias de los mismos a las AFPs, pese a que éstos fueron deducidos de los salarios del trabajador, haciendo las respectivas retenciones de las cotizaciones de la seguridad social: “….las consecuencias jurídicas de su incumplimiento no pueden afectar el derecho fundamental del trabajador o los beneficiarios a la seguridad social; dado que el beneficio de la pensión, de ninguna forma puede estar sometido a la diligencia del empleador sino a los aportes efectivamente descontados, los que de buena fe realizó el trabajador en el convencimiento de que se efectuaría el pago ante la eventualidad de una enfermedad, etc.” (las negrillas nos corresponden); por ello en el caso analizado en dicha Sentencia, se puntualiza: “…la AFP BBVA S.A., ahora recurrida, no puede eximirse de su responsabilidad en el pago de la pensión de invalidez por riesgo común a la que tiene derecho el representado de la actora, por el hecho de que el empleador no cumplió con el deber de hacer oportunamente, de los descuentos salariales; las transferencias, omisión, que como se tiene señalado, no fue atribuible ni imputable al representado de la actora; entender lo contrario, sería superponer los derechos,                -generalmente de contenido patrimonial- de las Administradoras de Fondos de Pensiones, en desmedro, de los derechos fundamentales de los trabajadores, como es la efectivización de pago de sus pensiones cuando cumplieron con los requisitos exigidos por Ley; situación inadmisible, dado que importaría desconocer los derechos del asegurado y por ende, la normativa citada, que constituye el marco jurídico en que se desenvuelve la Seguridad Social de nuestro país, que es de orden público, de cumplimiento obligatorio, cuya observancia y aplicación preferente debe garantizar el Tribunal Constitucional en protección de los derechos fundamentales y de la primacía de la Constitución, cumpliendo de esta manera con las previsiones contenidas en los arts. 1.I y II de la LTC así como lo consagrado por los arts. 119.I y 228 de la CPE”; por lo que se tiene indiscutiblemente, que de ningún modo las AFP's pueden rechazar las solicitudes de los afiliados o de los beneficiarios de éstos, en el caso que el empleador hubiera incumplido su obligación de pagar los aportes o no hubiera efectuado oportunamente su transferencia, pues si éstos fueron deducidos de los salarios del trabajador, haciendo las respectivas retenciones de las cotizaciones de la seguridad social, no puede obrarse en desmedro de los derechos fundamentales de los trabajadores o sus derechohabientes, y no efectivizarse el pago de sus pensiones por el incumplimiento de los deberes del empleador.