SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1959/2011-R
Fecha: 28-Nov-2011
el abogado del accionante manifestó que su defendido hizo uso del recurso de apelación incidental contra la Resolución que le impuso medidas sustitutivas a la detención preventiva
Desde el momento que el accionante fuere aprehendido, se suscitaron una serie de recusaciones, según se detalla en las Conclusiones de esta Sentencia, para finalmente ser la causa de conocimiento de la Jueza Segunda de Instrucción en lo Penal en suplencia legal del Juez Primero, quien fijó audiencia de consideración de medida cautelar para horas 14:45 del 10 de febrero de 2011, en la que dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva. La acción de libertad, se interpuso en la misma fecha a horas 11:50, cuando la indicada autoridad aún no se había pronunciado sobre el requerimiento del Ministerio Público en imputación formal. De otra parte, cabe precisar que en audiencia de acción de libertad, el abogado del accionante manifestó que su defendido hizo uso del recurso de apelación incidental contra la Resolución que le impuso medidas sustitutivas a la detención preventiva.
En ese contexto, se advierten dos extremos, primero, el accionante activó la jurisdicción constitucional sin que previamente se hubiera pronunciado la Jueza demandada sobre los presuntos actos ilegales u omisiones indebidas que vulneraron los derechos denunciados en esta acción; y, segundo, resuelta la ilegalidad de su aprehensión e impuestas las medidas cautelares personales- medidas sustitutivas-, acudió a la vía ordinaria a través del recurso de apelación incidental, cuando ya se inició el procedimiento constitucional. Es decir, sobre los mismos hechos y con el mismo objeto, activó paralelamente dos jurisdicciones, pretendiendo que a través de la acción de libertad se revise el análisis efectuado por la Jueza demandada para declarar la ilegalidad de la aprehensión desconociendo la especial naturaleza jurídica y finalidad de la acción de libertad, considerando que un pronunciamiento simultáneo conllevaría quebrantar el equilibrio jurídico establecido, conforme se explicó en el Fundamento Jurídico anterior.
Bajo ese razonamiento, no es posible ingresar al análisis de fondo del problema jurídico planteado, teniendo en cuenta que el recurso de apelación incidental planteado por el accionante, aún se encuentra pendiente de resolución por el Tribunal superior, por cuanto existe la posibilidad de su revocatoria o modificación; en ese entendido, resulta aplicable al caso concreto el segundo supuesto de subsidiariedad excepcional desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional, correspondiendo denegar la tutela solicitada.
- I.1.1. Hechos que la motivan
- a)
- 1)
- concedió
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.2.
- II.3.
- Fragmento 8
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Alcance y finalidad de la acción de libertad
- III.2. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
- con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física”
- III.3. La ilegalidad de la aprehensión debe ser declarada por el Juez de la causa y no en acción de libertad
- … al juez no le está permitido convalidar los actos en los que se vulneraron esos derechos; al contrario, tiene el deber, impuesto por la norma antes transcrita, de pronunciarse sobre la legalidad de los mismos; por consiguiente, frente a una presunta aprehensión ilegal, le corresponde al juez cautelar, conforme lo establece el art. 54.1) del CPP, controlar la investigación y, en consecuencia, proteger los derechos y garantías en la etapa investigativa (…)>; por lo que, frente a una petición efectuada por el imputado, en sentido de que se pronuncie sobre la legalidad de su detención, el juez está impelido, antes de pronunciar la resolución sobre cualquier medida cautelar, de analizar y pronunciarse sobre la legalidad formal y material de la aprehensión.
- la jurisprudencia de este Tribunal ha determinado que el control que efectúa la autoridad judicial sólo puede ser revisado en esta jurisdicción cuando las ilegalidades cometidas en la aprehensión no fueron observadas ni reparadas por las autoridades judiciales competentes,
- III.4.1. Respecto de la aprehensión
- el abogado del accionante manifestó que su defendido hizo uso del recurso de apelación incidental contra la Resolución que le impuso medidas sustitutivas a la detención preventiva
- III.4.3. Aclaración sobre el “depósito judicial” cuando una persona se encuentre temporalmente privada de libertad
- “…la libertad, la justicia y la paz, en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana (…) los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana”
- La jurisprudencia constitucional, determinó que se vulnera el derecho en cuestión, cuando: ´…su titular es tratado como una cosa y no como una persona, como un medio y no como un fin, en irrespeto a su condición de ser humano, por ejemplo, cuando es sometido a la esclavitud, o cuando se le aplican tratos o penas degradantes, o se le hace objeto de discriminaciones o marginaciones
- En ese sentido, el derecho a la dignidad, condiciona el accionar de particulares y funcionarios públicos, con relación al trato adecuado, en consideración del respeto de la condición de seres humanos, que merecen todas las personas sin excepción, evitando en todo momento provocar situaciones que las denigren”.