SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0017/2011-R

Dentro del proceso penal que se le sigue a instancia del Ministerio Público y querella de la Prefectura del departamento de La Paz, por los delitos de falsedad ideológica y otros, en audiencia de continuación de juicio oral celebrada el 4 de marzo de 2009, el Ministerio Público a través del Fiscal General de la República y del Fiscal de Recursos, Orlando Riveros, solicitó se revoquen las medidas sustitutivas que le fueron impuestas y se disponga su detención preventiva, con argumentos que conoció en esa audiencia, pese a que no fue convocada para ese fin y menos para considerar su detención preventiva.

Ante esa situación, su defensa solicitó un plazo razonable de veinticuatro horas para presentar pruebas y conocer y refutar las que presentó el Ministerio Público; sin embargo, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, sin ninguna fundamentación negó esa solicitud a través de un decreto, sin más fundamentación.

Contra esa determinación su defensa interpuso recurso de revocatoria, haciendo notar que la Sala Plena de la Corte Suprema ni siquiera solicitó el cuaderno procesal de la etapa preparatoria, donde constaban las actas de audiencias de medidas cautelares en las que se le otorgó medidas sustitutivas y de otras audiencias en las que se solicitó su detención preventiva, es decir, que había adoptado una determinación sin siquiera tener bases para poder saber qué cosas habían cambiado de las ya resueltas con anterioridad. Señala que argumentó también que se estaba vulnerando su derecho a tener un tiempo razonable para ejercer su derecho a la defensa respecto a la solicitud de revocatoria de medidas sustitutivas; sin embargo, el Pleno del Tribunal, sin fundamentación alguna y sin que ninguno de sus miembros tome la palabra, resolvió confirmando la decisión del Presidente de negarle el plazo suficiente y razonable para poder tener una defensa adecuada, poder estudiar las pruebas de contrario y poder presentar pruebas que enerven aquellas.