SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0190/2011-R

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la “seguridad jurídica”, alegando que a consecuencia de la intervención efectuada por DIPROVE, donde se le incautó su vehículo, se le iniciaron dos procesos, uno penal y otro administrativo, por el primero, y alegando que mediante requerimiento fiscal se estableció que su conducta no estaba enmarcada como delito, por lo que solicitó la devolución del motorizado a la Aduana Nacional Regional Oruro, enterándose en ese momento que ésta mediante Resolución sancionatoria, habría dispuesto el decomiso definitivo de la movilidad, Resolución de la cual no tuvo conocimiento al haberse practicado las notificaciones en Secretaría de la Aduana Interior Oruro cuando conforme a la normativa prevista debió ser efectuada de manera personal, además de haber sido pronunciada fuera de plazo, perdiendo competencia la autoridad demandada. En consecuencia, corresponde, en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.