SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0249/2011-R
Fecha: 16-Mar-2011
el legislador tiene la responsabilidad de adecuar las normas existentes
En consecuencia, y dado los reiterados casos en que se evidencia la vulneración del derecho a la libertad personal de menores de edad, con características similares y aún mas graves que la presente, es de imperiosa necesidad una adecuación constitucional de la norma legal a la Constitución Política del Estado, a través del conducto legal pertinente; en este caso del Poder Legislativo a objeto de que cumpla lo dispuesto en el art. 60 de la CPE, que como ya se indicó, señala que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”. En ese sentido, el legislador tiene la responsabilidad de adecuar las normas existentes -arts. 44 y 187 del CNNA- de tal manera que el aviso imperativo de comunicar a la autoridad jurisdiccional pueda ser entre ocho a veinticuatro horas; según considere pertinente; empero, que en ningún caso supere las irracionales setenta y dos horas, como sucede actualmente; sólo con ese cambio a través de la reforma parcial, o mecanismo que fuere, se asegurará el goce efectivo de todos los derechos reconocidos tanto en la Constitución Política del Estado como en los convenios y tratados a los que se ha hecho referencia instituidos a favor de los menores de edad.
- acción de libertad,
- I.1.1. Hechos que la motivan
- I.2.1. Ratificación de la acción
- a)
- procedente
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.1.
- II.2.
- eficaz, justa y sobre todo humanitaria
- La privación de la libertad deberá efectuarse en condiciones y circunstancias que garanticen el respeto de los derechos humanos de los menores
- que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado
- la función primordial del Estado de proteger a la niñez y la adolescencia”
- será internado, detenido ni citado de comparendo sin que la medida sea dispuesta por el Juez de la Niñez y Adolescencia
- Las instituciones de atención no podrán acoger niños, niñas y adolescentes sin previa orden judicial,
- Fragmento 15
- no se tiene certeza desde el 13 de mayo de 2009 -fecha de su retensión- sobre la fecha en que se puso en conocimiento del Juez competente
- agravante del trato inhumano descrito sobre el menor,
- 1)
- III.3.1. El plazo de setenta y dos horas, establecido en los arts. 44 y 187 del CNNA, respecto a la comunicación a la autoridad judicial sobre el acogimiento de menores, contraviene el principio de celeridad procesal y primacía previsto en la Constitución Política del Estado a favor de las niñas, niños y adolescentes.
- de la máxima prioridad y la más rápida y oportuna tramitación de los casos en que se encuentran involucrados menores de edad
- (OBLIGACIÓN DE COMUNICAR).-
- Fragmento 22
- (Denuncia ante la Fiscalía).
- plazo máximo de ocho horas
- no existe una coherencia ni consecuencia con el mandato contenido en las normas internacionales citadas, ni con las normas constitucionales e internas que rigen en nuestro país, siendo necesario que la situación de menores de edad sea comunicada o puesto a conocimiento del juez competente en un plazo aún más breve que el fijado para la jurisdicción penal
- Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás
- el legislador tiene la responsabilidad de adecuar las normas existentes
- 2° Dentro del marco de coordinación EXHORTAR