SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0292/2011-R

Entendida como el término de caducidad, dentro del cual el agraviado puede activar la jurisdicción constitucional para la tutela de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales. El art. 129.II de la Ley Fundamental precisa que éste instrumento de defensa deberá ser presentado en el plazo de seis meses, computable a partir de la comisión del acto u omisión lesiva alegada o desde la notificación al interesado con la última decisión administrativa o judicial.

La SC 2734/2010-R de 6 de diciembre, reiterando lo precisado por la SC 0521/2010-R de 5 de julio, puntualizó: “…habiendo la Constitución Política del Estado vigente acogido expresamente el mismo, adoptando con ello el requisito imprescindible que el accionante debe cumplir, de presentar su recurso dentro de los seis meses a partir de la supuesta vulneración cometida o de la notificación con la resolución judicial o administrativa que se considera lesiva de derechos fundamentales y garantías constitucionales; ´…está sustentado básicamente en el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos´.

…el principio de inmediatez no importa la utilización discontinua o esporádica de los medios y recursos previos a la interposición del amparo, pues los reclamos deben ser interpuestos ante la instancia ordinaria o administrativa competente oportunamente, debiendo el agraviado por la lesión, hacer el seguimiento respectivo de su reclamo hasta agotar todas las instancias en el tiempo razonable, y para el caso de no obtener respuesta ni la cesación de la vulneración podrá acudir en el plazo de seis meses ante la jurisdicción constitucional a fin de que se compulse la amenaza, restricción o supresión al derecho fundamental. Este razonamiento, resulta lógico, puesto que responde no sólo al principio de inmediatez sino también a los principios de preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección”.

La fijación del término referido encuentra su justificación en que el titular del derecho debe ser diligente en la activación de los medios de defensa para el resguardo inmediato de sus derechos, dado que la jurisdicción constitucional no puede esperar de forma indefinida a que el interesado solicite tutela. Otra razón, sino la más importante, es la posibilidad de aplicación de la tutela efectiva del derecho presuntamente vulnerado, dado que el restablecimiento tardío no tendría el mismo efecto jurídico o en su caso, ningún efecto.