SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0430/2011-R

Al respecto, es necesario partir señalando que el art. 125 de la CPE amplía su ámbito de protección al derecho a la vida al señalar que: “Toda persona que considere que su vida esté en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada (…) podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. De la norma transcrita se aprecia que se tutela este derecho de primer orden ante la existencia de una amenaza y cuya protección es inmediata, es decir que no es necesario agotar medio o recurso alguno. Al respecto la SC 011/2010-R de 6 de abril determinó que: “La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al Juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”.

No obstante lo referido; es decir la consideración directa y en su caso la protección inmediata cuando se alega vulneración del derecho a la vida, constituye obligación del afectado demostrar su conculcación acompañando prueba fehaciente e incontrastable que permita a este Tribunal fallar con certeza; caso contrario como ocurre en el caso específico se estará ante meras manifestaciones subjetivas; evidentemente el accionante no acompañó prueba alguna que acredite la veracidad de sus acusaciones y por otro lado tampoco identificó a sus autores. La SC 011/2010-R, aludida, viene a refrendar lo manifestado al señalar: “En cuanto a la forma de presentación de esta acción tutelar, si bien por disposición del art. 90.II de la LTC, no requiere la observancia de requisitos formales y en caso de que exista algún defecto u omisión de requisitos de contenido o especificación de derechos, éstas omisiones deben ser superadas por el Juez o Tribunal que conozca el recurso y que actúa en el caso concreto como controlador de garantías constitucionales; debe tenerse en cuenta que dicha autoridad está supeditada al principio de certeza o de verdad material, lo cual implica que para fallar por la procedencia o improcedencia del mismo, debe hacerlo en base a las pruebas objetivas que conlleven dicha determinación…”.