SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0535/2011-R

         Respecto a la segunda problemática planteada: La aludida falta de competencia y jurisdicción de la autoridad jurisdiccional demandada y la ausencia de fundamentación jurídica en la imputación formal, conforme se tiene del acta de audiencia de medidas cautelares de 13 de junio de 2009, descrito en la Conclusión II.4. del presente fallo, el procesado en ningún momento cuestionó estos extremos y por ende, no pidió resolución expresa sobre ellos; razón por la cual, el Juez cautelar demandado no emitió opinión alguna; en consecuencia, no puede pretender que el Tribunal de alzada y este Tribunal, se refieran a hechos que el propio procesado no alegó ante el Juez a quo como contralor jurisdiccional de la investigación, por cuanto, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, a pesar del principio de informalismo del que está investida la acción de libertad, no puede ser un sustituto de los mecanismos procesales que la ley prevé para la defensa de los derechos fundamentales de las partes; en el caso concreto, encontrándose el proceso bajo el control jurisdiccional del Juez Cautelar, correspondía cuestionar los hechos hoy alegados ante esta autoridad, para lograr un pronunciamiento expreso en ese sentido.

         Además de lo expuesto, conforme se detalla en la Conclusión II.1 de esta Sentencia, Miguel Huarachi Ayca, conjuntamente los coprocesados presentaron una excepción de incompetencia en razón de territorio ante el Juez Quinto de Instrucción en lo Penal de El Alto, contra quien, posteriormente, el accionante formuló recusación, arguyendo los mismos fundamentos que en la acción de libertad, solicitud que el entonces Juez Cautelar de la causa rechazó a través de Auto Motivado 235/2009 de 9 de mayo, Resolución contra la que no consta recurso de apelación, constatándose una actitud pasiva del agraviado frente a una supuesta lesión de su derecho fundamental a la libertad.