SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1060/2011-R

Este mecanismo procesal constitucional ha sido instituido por el Constituyente en el art. 128 de la CPE, como una acción destinada a restablecer derechos que estén amenazados o restringidos contenidos en la Constitución o leyes contra actos u omisiones provenientes de servidores públicos, o de persona individual o colectiva.

                         De conformidad a la disposición constitucional citada y en aplicación y vigencia de la Constitución Política del Estado, la acción de amparo constitucional es una acción de defensa de todos los derechos fundamentales y garantías previstas en la Ley Fundamental y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Estado Plurinacional (art. 410 de la CPE), con excepción de los derechos a la libertad y la vida, está última cuando está amenazada y guarde conexión con la libertad personal, por estar bajo la protección de una acción específica e idónea cual es el recurso de hábeas corpus, ahora denominado acción de libertad. 

                         Dentro de ese contexto, esta acción de defensa tiene por finalidad única el resguardo de los derechos fundamentales de quien acude buscando tutela, lo que determina su alcance en relación a la protección de derechos y garantías constitucionales y no así de principios; empero, por la misma naturaleza jurídica del amparo constitucional como acción extraordinaria de defensa, no puede omitirse considerar el resguardo y materialización de los principios ordenadores de la administración de justicia en cada caso concreto, por ende, es viable la protección de principios constitucionales -vía amparo constitucional- cuando de ella emerjan lesiones a derechos fundamentales o garantías constitucionales. (En ese mismo sentido las SSCC 0107/2010-R, 0485/2010-R y 0584/2010-R, entre otras).