SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2489/2012

Con relación a los juicios de responsabilidad regulados en el pasado, la jurisprudencia constitucional entendió que el Constituyente no había instituido tal procedimiento a partir de una premisa en la que los servidores  públicos con jerarquía que cometieran hechos punibles no debían ser sancionados y sus conductas pudieran permanecer impunes. Por el contrario -así se entendió la SC 48/2001 de 19 de junio-, si la denuncia o la acusación en los términos de la Ley tiene mérito, se le seguirá un juicio criminal ante el Congreso. En ese sentido la Sentencia Constitucional mencionada concluye dicha aserción señala: “La apreciación del mérito, no está librada a un juicio político sino a la recta apreciación de las pruebas y razones que surgen del proceso”, invistiéndose así al Legislativo de una función eminentemente judicial, puesto que, como añade dicha Sentencia Constitucional “…la investigación y el juzgamiento de conductas delictivas, tienen como único punto de referencia la legislación penal, en la que se plasma la repulsa colectiva hacia ciertos comportamientos que lesionan los valores y bienes cuyo respeto es indispensable para mantener la convivencia pacífica”.

En ese ámbito del derecho procesal penal, debe mencionarse que existe una clasificación de juicios, los ordinarios en los que se juzgan delitos comunes cometidos por cualquier persona o servidor público en general, sin que sea relevante su condición o calidad, y los procedimientos especiales, en los que se juzga a ciertos servidores públicos señalados específicamente en la Constitución Política del Estado y por la presunta comisión de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. En ese sentido la SC 0823/2002-R de 15 de julio.

A propósito del fuero mencionado, la SC 0012/2005 de 11 de febrero, señala: “Según la doctrina del Derecho Constitucional el fuero no es un privilegio sino una protección prevista por el constituyente para los altos funcionarios del Estado, con la finalidad de evitar que, mediante el ejercicio abusivo del derecho de acceso a la justicia, se impida irregularmente el normal desarrollo de las funciones estatales y el debido ejercicio del poder por parte de esos altos funcionarios de Estado, de manera que éstos, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos, gozan de fuero constitucional en lo concerniente a su juzgamiento por los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de sus funciones…”.

Lo incuestionable es que la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la atribución de acusar ante la Cámara de Senadores, a los miembros de la extinta Corte Suprema de Justicia por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones; en cambio, por la comisión de delitos comunes, no vinculados al ejercicio de sus funciones, dichas autoridades deben ser juzgadas por la justicia ordinaria.