SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2489/2012

De la documentación que informa los antecedentes del expediente, se evidencia que el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el 26 de junio de 2006, interpuso denuncia ante el entonces Fiscal General de la República, contra la entonces Ministra de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina del Rosario Canedo Justiniano, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, de los que derivan la supuesta comisión de los delitos de ejercicio indebido de profesión, anticipación o prolongación de funciones; y abogacía y mandato indebidos, lo que dio lugar a que el Fiscal General de la República de ese entonces, mediante requerimiento de 17 de julio de 2006, designara al Fiscal de Materia Anticorrupción del Distrito de La Paz para llevar adelante las diligencias de investigación, de las que, dicho Fiscal, dio aviso a la autoridad jurisdiccional; sin embargo, ante la presentación de querella de María Teresa Montaño Ferrufino dio lugar a que el Ministerio Público presentará ante el órgano jurisdiccional, objeción a la admisión de la misma, que no fue resuelta; por el contrario el Juez de la causa se declaró incompetente para ejercer el control de la investigación, disponiéndo que los antecedentes sean remitidos ante la Cámara de Diputados del Congreso Nacional por corresponder a ésta, tramitar la denuncia interpuesta contra la Ministra denunciada, Resolución que fue apelada por el Ministerio Público y confirmada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, el 5 de octubre de ese mismo año.

Remitidos los antecedentes a la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, de acuerdo a lo previsto por la Ley Procesal para el Juzgamiento de altas Autoridades del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la República, en su art. 10.I, el Presidente de la Cámara de Diputados, remitió la misma al Presidente de la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial de la Cámara de Diputados; no obstante, la referida Comisión, previo informe del Comité del Ministerio Público y Policía Judicial Justicia, se declaró incompetente y dispuso remitir los antecedentes a la justicia ordinaria.

En efecto, la Comisión de Justicia y Policía Judicial de la Cámara de Diputados, que fue la llamada a promover la acción penal y dirigir la investigación en la etapa preparatoria, en el caso de juicio  de responsabilidades, mediante  Resolución CCJPJ - JAPJ 20/2007/2008 de 16 de agosto de 2007, determinó remitir actuados a la justicia ordinaria señalando que es ahí donde debe sustanciarse el proceso por los presuntos hechos ilícitos y sea en esa instancia donde el Ministerio Público retome sus funciones como órgano de persecución de delitos de acción pública;  afirmando no tener competencia para el juzgamiento de la Ministra denunciada por los hechos denunciados que no han sido cometido en el ejercicio de sus funciones y, más bien, se trata de hechos anteriores al ejercicio de funciones  como Ministra.