SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2539/2012

         Al respecto, la jurisprudencia constitucional señaló que: "…no puede pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, y menos atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes, excepto, en los casos en los que resulta evidente que la prueba aportada ha sido ignorada por el juzgador o cuando la valoración realizada es arbitraria e irrazonable y no obedece a los marcos legales de razonabilidad y equidad, originando como lógica consecuencia la lesión a derechos y garantías fundamentales, conforme se ha establecido en la SC 0577/2002-R, de 20 de mayo, reiterada por las SSCC 1047/2004-R, 0227/2004-R, 0294/2003-R, y complementada por la SC 0873/2004-R, de 8 de junio, en la que se expresó que: '(...) En los únicos casos que este tribunal puede intervenir en la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución (…)'' (SC 0685/2006-R de 17 de julio, reiterado a su vez por la SCP 0549/2012 de 9 de julio).

Empero, de conformidad a la SC 0965/2006-R de 2 de octubre, se ha establecido las excepciones a la valoración de la prueba, conforme al siguiente razonamiento: “…siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del tribunal constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma” (citado a su vez por la SCP 0549/2012 de 9 de julio).

         En ese sentido, la SCP 0130/2012 de 2 de mayo, señaló que corresponde: “…a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado”.

         En consecuencia, la valoración de la prueba, es facultad exclusiva de los órganos jurisdiccionales ordinarios o de las instancias ante las que se tramitan procesos judiciales o administrativos, para que se pronuncie sobre cuestiones que son de preferente competencia para valorar la prueba ofrecida en litigio.

         En el art. 8.I y II de la CPE, se establecen principios y valores del Estado Plurinacional, aquellos que se cimientan en la cosmovisión de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre los cuales se establecen los  principios ivi maraei (tierra sin mal), teko kavi (vida buena), ñandereko (vida armoniosa), que constituyen parte importante de la práctica de las naciones y pueblos indígena originario campesinos de tierra bajas, ya que toda valoración de prueba, fundamentación y análisis siempre deben estar orientados a la búsqueda de la armonía y el equilibrio de la comunidad para el vivir bien.