SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0172/2012

Solicita que, se le conceda la tutela, ordenándose que: a) El Tribunal Administrativo del INSTHEA resuelva de manera fundamentada y motivada su excepción de incompetencia; b) Se anule el memorando ME:/ME/VES/DGFM 0213/2009 de destitución al cargo de Director Académico del referido Instituto, al ser producto de la determinación del Tribunal Administrativo del INSTHEA, que hasta esa fecha no había definido su competencia o incompetencia; y por consiguiente, instruya su inmediata restitución al cargo de Director Académico de ese Instituto; y, c) Se anulen obrados hasta el vicio más antiguo y que la autoridad competente le cite de forma correcta con la apertura o inicio de proceso.

Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

                   De lo expresado precedentemente, se colige que las reglas del debido proceso se tienen cumplidas en cuanto a su elemento motivación, solamente en la medida en la cual se observen estrictamente los requisitos antes señalados; entonces, la omisión o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos, constituye una vulneración a este derecho y por tanto, una vez agotados los mecanismos internos para el cuestionamiento a decisiones jurisdiccionales o administrativas, deben tutelarse a través del amparo constitucional”  (las negrillas nos corresponde).