SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0677/2012

Estas disposiciones legales a que hace referencia el aludido artículo, constituyen las leyes tanto formales y materiales, siempre y cuando no implique revisar el contenido material del tributo, así lo ha referido la   SC 0033/2006 de 10 de mayo, la cual señala: “Cabe advertir que tal contrastación puede ser efectuada en cuanto a la forma o procedimiento de su aprobación, o sea, cuando en el proceso previo de su emisión no se ha respetado los pasos que la ley y la Constitución Política del Estado prevén, o se ha emitido por una autoridad incompetente al efecto; o respecto de su sentido material, es decir en relación al contenido mismo de la disposición objetada, siempre que ello no implique revisar el contenido material del tributo propiamente dicho, pues no puede valorarse ni examinarse la base imponible, la alícuota, o los accesorios del tributo como por ejemplo intereses o mantenimiento de valor del tributo no pagado, menos la liquidación del tributo; en definitiva, se trata de una verificación de la compatibilidad o incompatibilidad formal o material de la disposición legal con las normas de la Constitución Política del Estado” (las negrillas son nuestras).

Asumiendo en parte, el entendimiento de la jurisprudencia señalada, este recurso procede contra toda disposición legal que cree, modifique o suprima un tributo, impuesto, tasa o patente, derecho o contribución de cualquier naturaleza, disposición legal que puede constituir una ley formal o material; y que a efectos de la contrastación entre la disposición legal impugnada y las disposiciones constitucionales, ésta puede ser efectuada en cuanto a la forma o el procedimiento para su aprobación, estableciendo si en el proceso de su emisión se ha respetado lo establecido por la Constitución Política del Estado, por lo que este Tribunal determinará la constitucionalidad o inconstitucionalidad formal de la disposición legal impugnada.

Con relación al sentido material, al que hace referencia la aludida sentencia, es necesario realizar una modulación a dicho entendimiento, toda vez que la doctrina ha establecido que los elementos del tributo están cubiertos por el principio de legalidad, al indicar que: “…el principio de legalidad cubre la regulación de los elementos esenciales del tributo. Por establecimiento de la prestación hay que entender, no simplemente su creación, sino también la determinación de sus elementos esenciales. (…) Ahora bien, ¿cuáles son estos elementos esenciales o configuradores del tributo? De manera sintética, podemos responder diciendo que se deben entender comprendidos, en todo caso, los elementos determinantes de la identidad (o identificación) de la prestación, así como los relativos a su entidad (o cuantificación). La ley debe regular en qué supuestos se origina el deber de pagar un tributo (hecho imponible), quien está obligado a pagar, (sujetos pasivos), cuánto hay que pagar (base, tipo, cuota)”.