SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0922/2012

La accionante denunció la vulneración de sus derechos a la justa remuneración, al debido proceso y a la “seguridad jurídica”, toda vez, que actuó como perito dirimidor presentando el informe final de auditoría especial el 12 de marzo de 2002, a requerimiento de la Fiscal de Materia, Silvia Carolina Blacutt, dentro del proceso penal que siguió el Ministerio Público a instancia de Dickson Venegas D'Este, por la importadora “Fernando” contra Rigoberto Leigue Ordóñez, por el delito de estafa y otros, posteriormente las partes conciliaron y como consecuencia de ello el proceso penal se extinguió, sin que se cancele sus honorarios profesionales como perito a la accionante pese a haber acudido ante el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal que rechazó la conminatoria de los honorarios profesionales, en razón a que no tenía facultades para regular los honorarios y porque no conocía el peritaje. En consecuencia, corresponde determinar si los extremos demandados son evidentes, para otorgar o denegar la tutela solicitada.