SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0950/2012

La naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, desarrollada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, legitima el ejercicio de la tutela de derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales, los que se identifican con las libertades o garantías individuales, constituyendo esta acción de defensa el medio idóneo para resguardar dichos derechos y garantías, cuando sean restringidos, suprimidos o amenazados por actos ilegales u omisiones indebidas, de autoridades, servidores públicos, así como por personas particulares.

Sin embargo, si bien esta acción de amparo prevista en el art. 125 de la CPE y art. 94 de la LTC, se constituye en el instrumento constitucional por excelencia de protección de derechos y garantías; sin embargo, el legislador también ha previsto causales de improcedencia cuando de por medio se configuren ciertas y determinadas circunstancia. Así, el art 96 de la LTC determinó las mismas, conforme se tiene a continuación:

En cumplimiento de la citada norma, es obligación del Juez o Tribunal de garantías constitucionales, así como de este Tribunal Constitucional Plurinacional, con carácter previo a ingresar a la consideración del fondo de la problemática, verificar la existencia o no de dichas causas que hacen la improcedencia de la acción de amparo constitucional, para posteriormente realizar el análisis correspondiente sobre los requisitos de admisibilidad; constituyendo dicha actividad un examen previo, pues no es permisible activar la esfera del derecho constitucional y particularmente esta acción tutelar incumpliendo preceptos legales, cuyo cumplimiento es obligatorio.