SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1155/2012

El accionante, sostiene que las autoridades demandadas, lesionaron sus derechos a la "seguridad jurídica" y al debido proceso en su vertiente de aplicación de la norma más favorable al encausado, toda vez que, al haber planteado excepción de extinción de la acción penal por prescripción del delito, ante las autoridades demandadas, éstas habrían rechazado dicha excepción, dictando el Auto Supremo 54 de 19 de febrero de 2010, en base a una indebida y arbitraria interpretación y aplicación de los arts. 112 y 123 de la CPE, desconociendo de forma arbitraria y caprichosa los arts. 116.I, 256.I y 410 del mismo cuerpo legal, que justifican, en su caso, la aplicación de la norma más favorable al encausado. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si los actos ilegales son evidentes y si ameritan conceder o denegar la tutela solicita.