SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1430/2012

”Examinado, el Decreto Supremo impugnado, en su parte considerativa entre otros aspectos señala que, el art. 46 de la CPE, dispone que toda persona tiene derecho a una fuente laboral estable, digna, sin discriminación, en condiciones equitativas y satisfactorias que le asegure para sí y su familia una existencia digna y que el Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. Asimismo, el art. 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que el trabajo, como una de las actividades principales del ser humano, es un derecho y una obligación que no puede estar supeditado a leyes, instituciones o instancias inferiores que regulen su ejercicio; que el numeral 4 del art. 21 de la CPE establece que uno de los derechos de las bolivianas y bolivianos es la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos, en ese sentido, el art. 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que toda persona tiene derecho a asociarse libremente; asimismo, el art 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, señala que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole.

Dicho texto contiene la finalidad de la norma impugnada, su sustento y fundamento jurídico; siendo la finalidad la prevista en el párrafo séptimo, al referir: 'Que para el registro de los profesionales, los Colegios de Abogados procedían al cobro de matrícula, cuotas mensuales y otras percepciones irregulares, impidiendo el libre ejercicio profesional de los abogados que no cumplían con dichos pagos. Aún más, la habilitación del ejercicio profesional dispuesta por los Colegios de Abogados era restringida a una determinada región, por lo que el abogado estaba obligado a realizar pagos por reinscripción en los Colegios de otros Distritos, en clara contradicción a los derechos fundamentales, civiles y políticos establecidos en la Constitución Política del Estado'.