SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1458/2012

En ese sentido, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, que moduló el primer supuesto contenido en la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, respecto a los casos en que opera la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad -que exigía la denuncia de los actos considerados como ilegales ante el juez cautelar de turno, en caso de no existir autoridad a cargo de la investigación-; precisa que la subsidiariedad opera únicamente en los asuntos en los que conste inicio de investigación: “…es decir, cuando la restricción se hubiera presuntamente operado al margen de los casos y formas establecidas por ley y que, sin embargo, tal hecho se hubiera dado a conocer al juez cautelar del inicio de la investigación y, en su caso, de la imputación, resulta indispensable recordar que el art. 54 inc. 1) del CPP, establece que entre las competencias del juez de instrucción en lo penal, está el ejercer el control jurisdiccional de la investigación, lo que significa, que es la autoridad encargada de resguardar que la etapa de investigación se realice conforme a procedimiento y en estricta observancia de respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso -imputado, querellante y víctima-. (…) desde otra perspectiva, cualquier acto ilegal y/o arbitrario durante la investigación en que incurriere el Ministerio Público como titular de la acción penal o la Policía Boliviana como coadyuvante, deberá ser denunciado ante el juez de instrucción en lo penal, que tenga a su cargo el control jurisdiccional de la investigación” (las negrillas son nuestras).

De acuerdo a la jurisprudencia glosada, los actos supuestamente ilegales atribuidos a la Fiscal de Materia codemandada, en su condición de representante del Ministerio Público, correspondían ser denunciados ante el Juez Séptimo de Instrucción en lo Penal del departamento de Santa Cruz, quien asumió el conocimiento de la investigación seguida contra el representado de los accionantes, por el supuesto delito de robo; autoridad jurisdiccional que en mérito a la previsión contenida en el Código de Procedimiento Penal, debe velar por el respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso. Al no advertirse de los actuados adjuntos al expediente, que se hubiera obrado de esa manera, impugnando ante el Juez cautelar las cuestiones relativas a la presunta aprehensión ilegal, imputación formal y la no emisión del requerimiento conclusivo dentro de plazo, no resulta viable la tutela pretendida por los accionantes a nombre de su defendido, sobre este punto en específico.