SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1880/2013

La Jueza Segunda de Partido y de Sentencia Penal de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, dictó la Resolución 111/2013 de 12 de junio, cursante de fs. 63 a 64, por la que “otorgó” la tutela solicitada, disponiendo que la Jueza demandada lleve a cabo la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva del accionante en el término de cuarenta y ocho horas, a objeto de determinar la procedencia de su libertad, previa compulsa de los datos del proceso; en base a los siguientes fundamentos: a) Las omisiones en las que incurren las autoridades judiciales no pueden ser subsanadas directamente a través de una acción tutelar; sino que se debe acudir previamente ante el órgano que conoce la causa o la instancia disciplinaria correspondiente; asimismo, se debe indicar que, la Secretaria demandada en el presente caso, no tiene facultades jurisdiccionales, sino que está obligada a cumplir las órdenes de la Jueza, emergentes de sus decisiones; por lo que, no tiene legitimación pasiva para ser demandada por esta vía; b) Sin embargo, a pesar de lo manifestado, y partir de lo expresado por la Jueza demandada en audiencia, surgieron nuevos elementos que no pueden pasar desapercibidos; pues, la misma hizo conocer que el 10 de junio 2013, habría emitido un Auto que dejó sin efecto la Resolución 256/2013; toda vez que, no se habría notificado a los terceros interesados; reconociendo además que, si bien la notificación no era un óbice legal para llevar a cabo la audiencia, se determinó notificar a todos los sujetos procesales en resguardo de su derecho al debido proceso; empero, de la revisión del cuaderno jurisdiccional, se verificó que la mencionada Resolución fue desaforada y ya ni siquiera cursa en obrados; lo que hace dudar de la veracidad de lo expuesto por la autoridad judicial, poniendo en estado de indefensión al accionante, vulnerando su derecho a que se active la acción de libertad; y, c) El beneficio otorgado al accionante en primera instancia mediante resolución fundamentada, fue revocado con un Auto posterior sin que medie razón valedera ni se ajuste al procedimiento; ya que, si bien el art. 168 del Código de Procedimiento Penal (CPP), prevé que el juez podrá corregir algún error de oficio o a pedido de parte, dicha subsanación debe realizarse de manera inmediata, y no así después de cinco días de haberse dictado el fallo, como sucedió en este caso.