SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1969/2013

         Ahora bien, de los mismos antecedentes, se establece que el INRA, en el curso del proceso de saneamiento, omitió la notificación correspondiente al SERNAP con el inicio del mismo, no obstante que debía llevarse a cabo en predios ubicados sobre Áreas Protegidas, así sea de manera parcial, siendo que conforme se vio, la participación del SERNAP en procesos de saneamiento que involucren a las Áreas Protegidas es fundamental, en atención a los objetivos propios de la indicada institución en la defensa y conservación de dichas Áreas, para posibilitar un manejo sustentable, evitando su deterioro o destrucción, existiendo un mandato expreso en sentido de que ambas instituciones, desde el inicio de la etapa preparatoria del proceso de saneamiento, deben coordinar la adopción de estrategias de intervención en dichas áreas, para no poner en riesgo sus condiciones de protección. Empero, el INRA dispuso la notificación al SERNAP, recién a momento de expedir la Resolución Final del proceso de saneamiento (Punto Octavo de la RA-SS 1338/2010); aspecto que si bien, fue expresamente demandado por la entidad ahora accionante, en el proceso contencioso administrativo interpuesto, las autoridades del Tribunal Agroambiental, lejos de advertir y reparar tal irregularidad, la convalidaron, alegando que el proceso habría sido público por cuanto se realizaron avisos radiales y publicaciones de prensa, a través de las cuales, el SERNAP -afirman- asumió “pleno conocimiento”, lo cual resulta inadmisible, dado que ésta forma de notificación, de acuerdo al art. 73.I del Reglamento aprobado por DS 29215 está prevista para personas inciertas o cuyo domicilio se ignora, requisitos que naturalmente no concurren tratándose del SERNAP, al ser ésta una institución pública, que forma parte de la estructura del Órgano Ejecutivo, por lo que ameritaba la notificación a su máximo representante a nivel nacional o regional de la referida entidad, omisión que ciertamente, ha impedido al SERNAP cumplir sus atribuciones que le son inherentes en todo proceso de saneamiento que involucre a Áreas Protegidas, por lo que la Resolución impugnada, al no haber observado dicho cuestionamiento, realizado oportunamente por el accionante, vulneró el debido proceso por lo que corresponde conceder la tutela solicitada.