SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1974/2013

La legitimación pasiva no está explícitamente prevista por la Constitución Política del Estado, ni en el Código Procesal Constitucional, se entiende que deberá plantearse contra la autoridad o servidor público, o persona particular que restrinja o suprima los derechos tutelados por la acción de libertad.

La jurisprudencia constitucional al referirse a la legitimación pasiva mencionó: “La legitimación pasiva, se constituye en el requisito esencial mediante el cual, la acción de libertad deberá ser dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal u omisión indebida, que ocasionó la lesión del derecho fundamental relacionado con la libertad física o la vida, cuando se encuentre ligada a dicho derecho fundamental” así lo entendió la SCP 1424/2011-R de 10 de octubre.

Por su parte la SC 1932/2010-R de 25 de octubre, sistematizó y clarificó las reglas de la legitimación pasiva y para la acción de libertad y la excepción a estas, señalando: “i) Debe existir coincidencia, entre la persona o personas que supuestamente vulneraron el derecho y la persona demandada, en tal sentido, debe precisarse que para determinar esta coincidencia, deben existir elementos razonables que establezcan que esa autoridad impartió o ejecutó una orden en virtud de la cual se hubiese procedido a una aprehensión, detención, persecución o procesamiento ilegal o indebido, ii) La sub-regla o excepción a la premisa antes desarrollada, solamente se da en tres situaciones concurrentes a saber: a) La detención ilegal debe ser cierta; b) Debe existir error en la identidad de la autoridad demandada, empero, en este caso, la autoridad erróneamente demandada debe pertenecer a la misma institución, rango o jerarquía, además debe tener idénticas atribuciones en relación a la autoridad que debió ser demandada; asimismo, en este supuesto, el error debe ser consecuencia de una imposibilidad o dificultad del afectado para determinar la identidad de la autoridad que supuestamente vulneró sus derechos; y c) Deben existir suficientes medios de convicción que acrediten la manifiesta detención ilegal”.