SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2225/2013

Inicialmente corresponde precisar que las resoluciones que se emitan en acciones tutelares, sea que denieguen o concedan la tutela constitucional invocada, deberán ejecutarse inmediatamente, según manda el art. 36.8 del CPCo, de ahí que su ejecución compete a las autoridades que la emitieron, así el art. 16 de la citada norma, establece: “I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción. II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida; asimismo le corresponde la ejecución en los procesos que directamente se presenten ante el mismo” (lo resaltado fue añadido); es decir, valga la reiteración, la ejecución de las decisiones dictadas por los jueces y tribunales de garantías les atañe a las mismas, para dicho fin el art. 17 del mismo instrumento normativo prevé: “I. El Tribunal Constitucional Plurinacional y las Juezas, Jueces y Tribunales de garantías constitucionales adoptarán las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones. II. Podrán requerir la intervención de la fuerza pública o la remisión de antecedentes ante la autoridad administrativa a fin de la sanción disciplinaria que corresponda. III. Podrán imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, que incumpla sus decisiones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger”. Es más, el Código Penal sanciona la desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, al señalar: “La Servidora, Servidor Público o personas particulares que no cumplan las resoluciones, emitidas en acciones de defensa o de inconstitucionalidad, serán sancionadas o sancionados con reclusión de dos a seis años y con multa de cien a trescientos días”.

En consecuencia, el ordenamiento jurídico prevé de manera expresa los mecanismos a través de los cuales se logrará el acatamiento de las decisiones emanadas en acciones de defensa, no siendo viable pedir su cumplimiento mediante otra acción de similar naturaleza, dado que ello implicaría desnaturalizar su esencia, así la SCP 0243/2012 de 29 de mayo, sostuvo: “De lo que se concluye, que en los casos de desobediencia, resistencia o incumplimiento a las resoluciones dictadas en las diferentes acciones constitucionales, no corresponde la deducción de otra acción tutelar, pues ella debe ser solicitada al mismo juez o tribunal que conoció de la acción, por ser la autoridad llamada a hacer cumplir el fallo constitucional, y en su defecto, pedir la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el procesamiento penal del o los demandados por la comisión del delito previsto en el art. 179 BIS del Código Penal (CP), que sanciona con dos a seis años de reclusión y multa de cien a trescientos días al 'funcionario o particular que no diere cumplimiento exacto a dichas resoluciones...'; lo contrario, implicaría desconocer su eficacia jurídica y generar un círculo vicioso que podría colapsar el sistema” (SC 0529/2011-R de 25 de abril)'”.