SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0247/2013

En ese mismo orden, con relación específicamente a la presunta lesión del derecho a la libertad personal por causa de una indebida privación de libertad; es decir, cuando la restricción se hubiera presuntamente operado al margen de los casos y formas establecidas por ley y que, sin embargo, tal hecho se hubiera dado a conocer al juez cautelar del inicio de la investigación y, en su caso, de la imputación, resulta indispensable recordar que el art. 54 inc. 1) del CPP, establece que entre las competencias del juez de instrucción en lo penal, está el ejercer el control jurisdiccional de la investigación, lo que significa, que es la autoridad encargada de resguardar que la etapa de investigación se realice conforme a procedimiento y en estricta observancia de respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes del proceso -imputado, querellante y víctima-. En ese contexto, corresponde al juez ejercer el control jurisdiccional de la investigación y, por lo mismo, que ésta se desarrolle de manera correcta e imparcial y no en forma violatoria de derechos fundamentales o garantías constitucionales; es decir, desde otra perspectiva, cualquier acto ilegal y/o arbitrario durante la investigación en que incurriere el Ministerio Público como titular de la acción penal o la Policía Boliviana como coadyuvante, deberá ser denunciado ante el juez de instrucción en lo penal, que tenga a su cargo el control jurisdiccional de la investigación”  (las negrillas nos corresponden).

         Advirtiéndose entonces que, en caso de denunciarse actos ilegales u omisiones indebidas del Ministerio Público o de la Policía Nacional; éstos deben ser demandados previamente ante el juez de instrucción en lo penal, en caso que haya asumido conocimiento de la investigación. Caso contrario, si no existe autoridad alguna a la que se haya dado a conocer el inicio de investigaciones, no es exigible acudir al juez cautelar de turno, quien no tiene competencia al no haber conocido siquiera el asunto, más aún si concurre la posibilidad que la privación de libertad haya sido originado en una cuestión ajena a un delito. Cuestiones imprescindibles que deben ser tomadas en cuenta en el estudio de acciones de libertad, en las que se impugnen conductas arbitrarias de funcionarios fiscales y policiales.