SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0396/2013-L

El 22 de octubre de 2009, ingresaron a trabajar al Ministerio de Defensa Legal del Estado, como consultores por producto, para la realización y ejecución del proyecto “Hacia la difusión de la Procuraduría General del Estado y Escuela de Abogados”, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) por la existencia de un convenio firmado entre el citado Ministerio y la referida Agencia.

Indican que la ex - Ministra de Defensa Legal del Estado, Cecilia Rocabado y la ex-Coordinadora del Proyecto Natalia Cueto Poma, conjuntamente Eva Otero representante de la AECID, les hicieron celebrar un contrato verbal, con la condición de que el escrito se efectuaría al finalizar el proyecto y la respectiva entrega del producto, por tratarse de un contrato de duración corta.

Inesperadamente el 24 de diciembre de 2009, se produjo el cambio de ministros, cuando aún no contaban con el contrato escrito, no obstante de ello entregaron el producto final el 27 del mismo mes y año, al ex - Ministro Pablo Menacho Diederich, quien al evidenciar el trabajo, realizó todas las gestiones para que se regularice su situación con la AECID; sin embargo, en enero de 2010, se volvió a cambiar al Ministro por Elizabeth Arismendi Chumacero, quien no quiso responsabilizarse por el trabajo efectuado, por lo que la AECID no procedió a regularizar su contratación, menos cumplir con él, puesto que requerían la autorización del actual Ministro, con un “ejecútese el pago de los consultores”, por tratarse de un financiamiento.

Ante los intentos fallidos de hacer valer sus derechos laborales, en la misma fecha, acudieron a la Defensoría del Pueblo para sentar denuncia, instancia que pronunció la Resolución Defensorial RD/00002/LPZ/2011, recomendando a la Procuraduría General del Estado solventar los pagos adeudados. Luego de seis meses de dictarse tal resolución, la procuraduría admitió y reconoció el trabajo, decidiendo realizar un criterio de auditoria interna, para verificar los actos de emisión y vulneración de derechos, en que incurrió el Ministerio de Defensa Legal del Estado en gestiones pasadas, concluida dicha gestión se comprometieron a emitir certificaciones de trabajo, en las que se daría por avalado el trabajo de los consultores.

Sin embargo, tales certificaciones no fueron entregadas, habiendo la Ministra Elizabeth Arismendi Chumacero dejado vencer el proyecto con el dinero para que desistan de sus derechos laborales, aspecto premeditado por la Procuraduría General del Estado, pues tales certificaciones que iban a emitir, al margen de sentar la existencia de la relación contractual, irían contra ellos.

Agregan que en su condición de trabajadores, no son responsables por las omisiones de las ex autoridades del Ministerio de Defensa Legal del Estado, al no hacerse cargo del trabajo efectuado y dejar vencer el proyecto de forma intencional, correspondiendo a la Procuraduría General del Estrado dirigir la determinación de responsabilidad contra las ex autoridades y no contra los trabajadores, más cuando ya existe el trabajo a favor de la cartera de Estado.