SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0683/2013
Fecha: 03-Jun-2013
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Refiere que el SIN, inició proceso por contravención tributaria contra el contribuyente EDITORIAL CANELAS S.A. por declaraciones juradas presentadas que determinan la existencia de una deuda tributaria no pagada, emitiéndose las respectivas resoluciones sancionatorias, las cuales fueron impugnadas a través de un recurso de alzada ante la Superintendencia Tributaria y posteriormente mediante recurso jerárquico ante la entonces Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia que emitió la Resolución de recurso jerárquico STG-RJ/0028/2006 de 6 de febrero, la cual, anuló obrados hasta la emisión de los Autos Iniciales de Sumario Contravenciones que generaron las Resoluciones Sancionatorias 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23/2005 contra EDITORAL CANELAS S.A., por evidenciar la falta de consignación de firma del Jefe del Departamento de Fiscalización en los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales, instancia que además, en mérito a una solicitud de complementación y enmienda, por Auto Motivado STG-RJ 0004/2006 de 22 de febrero, declaró no ha lugar a la misma.
En base a estos antecedentes, señala la parte accionante que los actos administrativo-tributarios antes referidos, fueron impugnados mediante proceso contencioso-administrativo, el cual concluyó con la emisión de la Resolución 142/2012 de 23 de mayo, mediante la cual, las autoridades ahora demandadas, declaran improbada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Gerencia GRACO Cochabamba, decisión, que de acuerdo a la parte ahora accionante, ocasiona los siguientes actos lesivos a sus derechos:
a) La Resolución 142/2012 emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, por lo establecido en su considerando IV numeral 3, desvió la aplicación de los arts. 778 del Código de Procedimiento Civil CPC, 69 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) y 2 de la Ley 3092 de 7 de julio de 2005, al establecer que aún no correspondía la interposición de la demanda contenciosa administrativa porque no se habría agotado la vía administrativa.
b) El referido fallo pronunciado por las autoridades demandadas, desvía la aplicación del art. 18 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004 y asume de forma errónea su decisión en el art. 12.2.g de la norma reglamentaria citada, afectando así los derechos al debido proceso, a la defensa, a la seguridad jurídica, siendo que el inicio del procedimiento sancionador se encuentra claramente establecido en el señalado artículo, de la resolución normativa de directorio antes referida, disposición que claramente expresa que el Auto Inicial de Sumario Contravencional será proyectado por el Departamento Jurídico, Técnico y de Cobranza Coactiva, por lo que consecuentemente este actuado administrativo estará firmado por el Jefe de dicho Departamento y de ninguna manera por el Jefe de Departamento de Fiscalización, como erróneamente establecieron las autoridades demandadas, dado que -en criterio de la parte accionante-, se aplica el art. 12 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, únicamente en sus numerales 3 y 4 referentes a la tramitación y terminación del procedimiento sancionador y no así el numeral 2 referente a la iniciación del procedimiento sancionador.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantias
- 1)
- ii)
- iii)
- a)
- b)
- c)
- concedió
- i)
- iv)
- vi)
- vii)
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- el objeto
- postulados en virtud de los cuales, se genera un Estado Constitucional de Derecho caracterizado por la vigencia plena de derechos fundamentales individuales y colectivos en el marco de un sistema jurídico plural destinado a consagrar el valor supremo e ideal del Estado: El vivir bien
- ya que merced al principio de supremacía constitucional aplicable al bloque de constitucionalidad boliviano, operará el fenómeno de constitucionalización, no solamente en relación a normas supremas de carácter positivo, sino también en relación a valores y principios supremos rectores del orden constitucional, aspecto, que en definitiva consolidará el carácter axiomático de la Constitución
- a la luz del vivir bien, la justicia y la igualdad como principios y valores plurales supremos que forman parte del bloque de constitucionalidad imperante, irradiarán de contenido todos los actos de la vida social, consagrando así los postulados propios del Estado Constitucional de Derecho,
- a prohibición de ejercicio arbitrario de poder
- la garantía antes citada, a su vez, se configura como un principio esencial a partir del cual, es exigible en el Estado Plurinacional de Bolivia “la razonabilidad de toda decisión que emane del ejercicio del poder”, aspecto que en strictu sensu y a la luz del vivir bien, resguarda los valores de igualdad y justicia entre otros, asegurándose de esta manera la vigencia de una real democracia constitucional.
- la ley, el acto administrativo y la sentencia, para ser válidos a la luz del proceso de aplicación creadora del derecho, requieren en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, la observancia de dos requisitos esenciales de validez constitucional: i) El cumplimiento de presupuestos normativo-formales; y, ii) El cumplimiento de presupuestos axiológico jurídicos de justicia, aspecto íntimamente vinculado al principio de razonabilidad y al principio de prohibición de ejercicio arbitrario de poder.
- debe señalarse que la razonabilidad, en el Estado Constitucional de Derecho, implica una redefinición de la estructura lógica de todo tipo de decisión, ya no sólo desde su estructura formal, sino esencialmente desde su sustento material, el cual debe estar irradiado del contenido del bloque de constitucionalidad imperante y en particular de los valores plurales y principios supremos rectores del orden constitucional como ser la justicia e igualdad entre otros, aspecto que consagra el principio de prohibición de ejercicio arbitrario del poder
- finalmente, debe establecerse que el canon de razonabilidad en cuanto a decisiones judiciales, puede ser analizado a través de la acción de amparo constitucional, en el eje temático denominado en teoría constitucional como el amparo contra sentencias judiciales
- el debido proceso inserto en el bloque de constitucionalidad boliviano, tiene una naturaleza jurídica progresiva, por cuanto, debe ser interpretado a la luz de una pauta hermenéutica evolutiva, en mérito de la cual, su contenido esencial no puede mantenerse estático en el tiempo con un reconocimiento limitado únicamente a su faceta formal o adjetiva, sino por el contrario
- el debido proceso en su dimensión sustantiva, está vinculado con el principio de razonabilidad y proporcionalidad de los actos de poder y en particular de las sentencias judiciales, principios rectores que aseguran la proscripción de decisiones arbitrarias contrarias al Estado Constitucional de Derecho,
- debe colegirse que en su faceta sustantiva, el debido proceso se configura como un estándar de justicia que en resguardo del principio constitucional de prohibición de ejercicio arbitrario de poder, en cuanto a las sentencias judiciales, asegura la prevalencia del principio de razonabilidad y por ende de los valores justicia e igualdad, para consolidar así el vivir bien en el Estado Plurinacional de Bolivia,
- se colige que en el Estado Plurinacional de Bolivia, la dimensión material del debido proceso en cuanto a sentencias judiciales, exige que éstas, sean justas y aseguren el valor igualdad, aspecto que las tornará razonables y respetuosas del bloque de constitucionalidad imperante, en ese contexto, la inobservancia de los valores plurales supremos por parte de sentencias judiciales, deberá ser tutelada a través de la acción de amparo constitucional disciplinada en el art. 128 de la CPE
- III.6.Fundamentos constitucionales del control de razonabilidad
- será razonable toda decisión judicial compatible al bloque de constitucionalidad imperante, en cuanto su contenido sea acorde con valores plurales supremos como ser la justicia e igualdad, presupuesto que constituye un límite objetivo a las decisiones arbitrarias contrarias al Estado Constitucional de Derecho
- razonable relación” entre la aplicación normativa por parte de autoridades jurisdiccionales convalores integradores del sistema jurídico, valores que su vez constituyen el sustento axiológico de los derechos individuales, colectivos o difusos.
- cánones del equilibrio armónico con el bloque de constitucionalidad imperante, estándar del vivir bien, a partir del cual, debe asegurarse en cada caso concreto, una razonable relación entre la aplicación normativa por parte de las autoridades jurisdiccionales con los valores plurales supremos y con los principios rectores del orden constitucional vigente
- la razonabilidad cualitativa, es un estándar del vivir bien cuyos valores inmanentes son la justicia e igualdad
- 1) El supuesto de hecho,
- es preciso establecer además que
- Fragmento 41
- Por lo indicado, en el marco de una interpretación progresiva del derecho al debido proceso, es evidente que el elemento motivación, no puede quedar como un presupuesto estático del debido proceso en su faceta adjetiva, sino por el contrario
- sino también resguarda la razonabilidad de toda sentencia judicial o acto administrativo
- hubiere ocurrido previamente ante el Poder Ejecutivo reclamando expresamente del acto administrativo y agotando ante ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución que le hubiere afectado
- el nexo o vínculo del deber ser, que une al supuesto de hecho con la consecuencia jurídica es precisamente en el caso del art. 778 del CPC, el agotamiento de los recursos administrativos para la procedencia del proceso contencioso administrativo
- razón por la cual, el razonamiento restrictivo mencionado en la Resolución 142/2012 en su cuarto considerando numeral tercero, plasma una desviación normativa que genera una aplicación jurídica discriminatoria, por darse un trato diferente y desfavorable a los presupuestos establecidos en la norma jurídica analizada, que inequívocamente al principio de razonabilidad y por ende al debido proceso sustantivo
- 2)
- no constituye un acto jurisdiccional razonado, aspecto que es una condición esencial de la razonabilidad tal como se señaló en el Fundamento Jurídico III.8 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, por cuanto la tutela pedida, debe ser concedida en cuanto a los aspectos en este punto desarrollados.
- CONFIRMAR