SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0730/2013
Fecha: 06-Jun-2013
con la salvedad de lo previsto en las posteriores disposiciones.
Con carácter previo al análisis de fondo de la acción, cabe aclarar que de acuerdo a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.3 de ésta Sentencia Constitucional Plurinacional, el presente proceso se tramitó en virtud a las normas establecidas en el Código de Procedimiento Penal abrogado, promulgado mediante DL 10426 de 23 de agosto de 1972, de conformidad a lo determinado en la parte final de la Disposición Transitoria Primera del Código de Procedimiento Penal en actual vigencia, referida a las causas en trámite, con la salvedad de lo previsto en las posteriores disposiciones.
En el caso concreto, los representantes de la Cooperativa de Consumo “Club Deportivo Ferroviario La Paz Ltda.”, alegan la vulneración de los derechos al debido proceso, a la defensa y una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, pidiendo que se anule la Resolución 06/2012 de 26 de abril, pronunciada por el Juzgado Tercero de Partido en lo Penal Liquidador en suplencia de sus similar Segundo, del departamento de La Paz.
De la compulsa de los antecedentes del caso, se ha establecido que dentro del proceso seguido por Enrique Ballesteros Pérez en representación de la Cooperativa de Consumo “Club Deportivo Ferroviario La Paz Ltda.”, contra Jaime Neyrot de la Barra y otro, se ha dictado Auto de procesamiento por los delitos de apropiación indebida y abuso de confianza. Posterior a ello, habiéndose declarado procedente el beneficio de libertad provisional a favor del procesado Jaime Neyrot de la Barra, se procedió a la calificación de fianza, la misma que a su vez fue sustituida por el bien inmueble de un tercero, para hacer viable la libertad del referido procesado.
Por otro lado, se tiene que el 7 de agosto de 2000, el Juez Quinto de Instrucción en lo Penal dictó Sentencia condenatoria contra los procesados René Miranda Antezana y Jaime Neyrot de la Barra, declarándoles autores de los delitos de apropiación indebida y abuso de confianza, Resolución de primera instancia que es confirmada en todas sus partes por el Juez de Partido Tercero en lo Penal. Finalmente, mediante Auto de Vista de 19 de julio de 2005, emitido por la Sala Penal Tercera, se declaró improcedente el recurso de nulidad y casación interpuesta por el procesado.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1.Hechos que motivan la acción
- I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
- a)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- Respecto al segundo, la inmediatez caracterizadora de esta acción, instituye al amparo constitucional como un mecanismo inmediato en la protección de los derechos y garantías fundamentales, lo que permite percibir que este mecanismo de tutela, brinda una reparación inmediata frente a los actos y omisiones arbitrarias de los servidores públicos y/o personas particulares; de ahí su naturaleza regida por los principios de sumariedad, celeridad y eficacia.
- puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc.
- III.2. De la calificación de fianza en el Código de Procedimiento Penal abrogado de 1972
- 1) Al pago de las costas causadas al Estado; 2) A la indemnización de los daños, perjuicios y costas ocasionados al ofendido y al simplemente damnificado; y 3) Al pago de las multas que se impusiere al procesado
- asimismo, establecía que si se ofrecían bienes raíces de un tercero, debía presentarse el título que demuestre su derecho propietario o de dominio, así como el certificado de Registro de Derechos Reales,
- con los bienes que en el curso de la acción penal hubiesen sido ofrecidos en calidad de fianza para la concesión de libertad provisional
- Resarcidos que hubieren sido los daños en su integridad, se mandará la cancelación de todos los gravámenes que se hubieren impuesto sobre los bienes del encausado
- a la indemnización de los daños, perjuicios y costas ocasionados al ofendido y al simplemente damnificado
- Que en consecuencia, respecto a la fianza ofrecida por la co-recurrente, no es aplicable el art. 209 del Código de Procedimiento Penal antiguo, sino el art. 241 de la Ley Nº 1970 que reconoce como única finalidad de la fianza el asegurar que el imputado cumpla las obligaciones que se le impongan y las órdenes del Juez o Tribunal, sin que pueda utilizarse para responder el daño civil al haber sido calificado éste durante la vigencia anticipada de la Ley N° 1970, que es la norma procesal bajo cuya referencia se desarrolló la calificación de la responsabilidad civil y adquirió ejecutoria la misma
- empero, debe tenerse presente que en virtud a la Disposición Transitoria Segunda del CPP, también deben aplicarse a dicho proceso -al ser de aplicación anticipada- las normas sobre medidas cautelares, entre ellas las relativas a la fianza, no siendo aplicables, por tanto el art. 209 del Código Procedimiento Penal de 1972 (CPP.1972) que establecía como fines de la fianza el pago de las costas causadas al Estado, la indemnización de los daños, perjuicios y costas ocasionados al ofendido y al simplemente damnificado y el pago de multas que se impusiere al procesado;
- Cabe aclarar que, la situación hubiera sido diferente si la calificación de la responsabilidad civil se habría efectuado antes de la vigencia anticipada de las normas expresamente previstas en el Código la Disposición Transitoria Segunda, pues, en este caso, obviamente la fianza habría mantenido la finalidad de cubrir los daños, perjuicios y costas ocasionados.
- si bien la Disposición Transitoria Primera del mismo Código, señala que las causas en trámite continuarán rigiéndose por el Código de Procedimiento Penal de 1972; sin embargo, si bien la solicitud de reparación del daño se rige por las normas del Código de procedimiento penal de 1972, empero, tienen aplicación anticipada, las normas expresamente señaladas en la Disposición Transitoria Segunda del CPP, por lo que también deben aplicarse a dicho proceso -al ser de aplicación anticipada- las normas sobre medidas cautelares, entre ellas las relativas a la fianza, no siendo aplicables, por tanto el art. 209 del Código Procedimiento Penal de 1972
- con la salvedad de lo previsto en las posteriores disposiciones.
- se ha evidenciado que con posterioridad a la declaratoria de improcedencia del recurso de nulidad o casación, resuelto por Auto de Vista de 19 de julio de 2005 (fs. 57 vta.), se ha presentado la referida demanda que dio inicio a la tramitación de la reparación del daño civil.
- 30 de mayo de 2007
- sin embargo, el trámite para la reparación del daño civil se dio inicio durante la aplicación anticipada del Código de Procedimiento Penal vigente, dictándose Sentencia de reparación del daño civil, en fecha 30 de mayo de 2007, según se tiene de obrados; en ese sentido,
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