SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0730/2013
Fecha: 06-Jun-2013
I.1.1.Hechos que motivan la acción
Los representantes señalan que dentro del proceso penal seguido contra Jaime Neyrot de la Barra, por la presunta comisión de los delitos de apropiación indebida y abuso de confianza, resuelto a través de la Sentencia 105/2003, el acusado se benefició con la suspensión condicional de la pena, mediante Resolución 114-A/05, aplicándose una fianza a fin de cumplir con las costas, daños y perjuicios, trámite que se halla en ejecución de fallo de responsabilidad civil.
Manifiestan que, en el proceso penal de referencia, la Jueza de Instrucción en lo Penal Liquidador, mediante Resolución 30/2011 de 5 de mayo, rechazó la solicitud de cancelación de la hipoteca del bien inmueble de propiedad de Humberto Alcázar Iturri, presentado como fianza a favor del procesado, Resolución que fue apelada y resuelta por el Juez Tercero de Partido en lo Penal Liquidador (en suplencia legal del Juzgado Segundo de Partido en lo Penal), a través del Auto 06/2012 de 26 de abril, el mismo que revocó la Resolución impugnada, con el fundamento que es ilegal que se pretenda cumplir el resarcimiento de los daños y perjuicios con los bienes del tercero o fiador que son ajenos al condenado.
Indican que contra la Resolución 06/2012, interpusieron recurso de casación el 11 de mayo de 2012, al verse afectados porque a través de la fianza el sentenciado gozó de libertad, siendo el único medio para que cumpla con su obligación, de acuerdo al art. 339 del Decreto Ley (DL) 19426, dejando en indefensión a la comunidad de cooperativistas ferroviarios que sufrieron abuso de confianza, apropiación indebida y malos manejos económicos, hechos comprobados con la Sentencia ejecutoriada. Como consecuencia de la interposición del recurso de casación, el Juez emitió Resolución el 17 de mayo de 2012, manifestando que deben remitirse a lo dispuesto en el Auto 06/2012.
En virtud de ello, el 18 de mayo de 2012, presentaron compulsa por negativa indebida del recurso de casación, empero el expediente ya había sido remitido al Juzgado de primera instancia, sin que conste el haberse puesto en conocimiento de las partes. Finalmente, arguyen que el Código de Procedimiento Penal de 1972 (CPP.1972), establecía que el hecho de que el sentenciado gozara de libertad bajo fianza, no le liberaba de cumplir con el resarcimiento de daños y perjuicios, costas y otros como resultado de la sanción impuesta.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1.Hechos que motivan la acción
- I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
- a)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- Respecto al segundo, la inmediatez caracterizadora de esta acción, instituye al amparo constitucional como un mecanismo inmediato en la protección de los derechos y garantías fundamentales, lo que permite percibir que este mecanismo de tutela, brinda una reparación inmediata frente a los actos y omisiones arbitrarias de los servidores públicos y/o personas particulares; de ahí su naturaleza regida por los principios de sumariedad, celeridad y eficacia.
- puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc.
- III.2. De la calificación de fianza en el Código de Procedimiento Penal abrogado de 1972
- 1) Al pago de las costas causadas al Estado; 2) A la indemnización de los daños, perjuicios y costas ocasionados al ofendido y al simplemente damnificado; y 3) Al pago de las multas que se impusiere al procesado
- asimismo, establecía que si se ofrecían bienes raíces de un tercero, debía presentarse el título que demuestre su derecho propietario o de dominio, así como el certificado de Registro de Derechos Reales,
- con los bienes que en el curso de la acción penal hubiesen sido ofrecidos en calidad de fianza para la concesión de libertad provisional
- Resarcidos que hubieren sido los daños en su integridad, se mandará la cancelación de todos los gravámenes que se hubieren impuesto sobre los bienes del encausado
- a la indemnización de los daños, perjuicios y costas ocasionados al ofendido y al simplemente damnificado
- Que en consecuencia, respecto a la fianza ofrecida por la co-recurrente, no es aplicable el art. 209 del Código de Procedimiento Penal antiguo, sino el art. 241 de la Ley Nº 1970 que reconoce como única finalidad de la fianza el asegurar que el imputado cumpla las obligaciones que se le impongan y las órdenes del Juez o Tribunal, sin que pueda utilizarse para responder el daño civil al haber sido calificado éste durante la vigencia anticipada de la Ley N° 1970, que es la norma procesal bajo cuya referencia se desarrolló la calificación de la responsabilidad civil y adquirió ejecutoria la misma
- empero, debe tenerse presente que en virtud a la Disposición Transitoria Segunda del CPP, también deben aplicarse a dicho proceso -al ser de aplicación anticipada- las normas sobre medidas cautelares, entre ellas las relativas a la fianza, no siendo aplicables, por tanto el art. 209 del Código Procedimiento Penal de 1972 (CPP.1972) que establecía como fines de la fianza el pago de las costas causadas al Estado, la indemnización de los daños, perjuicios y costas ocasionados al ofendido y al simplemente damnificado y el pago de multas que se impusiere al procesado;
- Cabe aclarar que, la situación hubiera sido diferente si la calificación de la responsabilidad civil se habría efectuado antes de la vigencia anticipada de las normas expresamente previstas en el Código la Disposición Transitoria Segunda, pues, en este caso, obviamente la fianza habría mantenido la finalidad de cubrir los daños, perjuicios y costas ocasionados.
- si bien la Disposición Transitoria Primera del mismo Código, señala que las causas en trámite continuarán rigiéndose por el Código de Procedimiento Penal de 1972; sin embargo, si bien la solicitud de reparación del daño se rige por las normas del Código de procedimiento penal de 1972, empero, tienen aplicación anticipada, las normas expresamente señaladas en la Disposición Transitoria Segunda del CPP, por lo que también deben aplicarse a dicho proceso -al ser de aplicación anticipada- las normas sobre medidas cautelares, entre ellas las relativas a la fianza, no siendo aplicables, por tanto el art. 209 del Código Procedimiento Penal de 1972
- con la salvedad de lo previsto en las posteriores disposiciones.
- se ha evidenciado que con posterioridad a la declaratoria de improcedencia del recurso de nulidad o casación, resuelto por Auto de Vista de 19 de julio de 2005 (fs. 57 vta.), se ha presentado la referida demanda que dio inicio a la tramitación de la reparación del daño civil.
- 30 de mayo de 2007
- sin embargo, el trámite para la reparación del daño civil se dio inicio durante la aplicación anticipada del Código de Procedimiento Penal vigente, dictándose Sentencia de reparación del daño civil, en fecha 30 de mayo de 2007, según se tiene de obrados; en ese sentido,
- REVOCAR en todo