SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0847/2013

Las disposiciones legales que regulaban el funcionamiento del antiguo Poder Judicial, eran la Ley de Organización Judicial, que establecía la organización y composición de los órganos de la administración de justicia, sus principios, la forma de designación, su división territorial, la administración económica financiera, atribuciones y competencias de las autoridades jurisdiccionales, etc., y la Ley del Consejo de la Judicatura, que complementó y derogó en parte, la mencionada Ley de Organización Judicial, estableciendo un nuevo régimen disciplinario y administrativo al interior del Poder Judicial, determinando entre otros aspectos, la forma de selección y designación de Notarios de Fe Pública, Registradores de Derechos Reales, la carrera judicial y administrativa, entre otros.

Con la puesta en vigencia de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, se funda un nuevo orden constitucional, en el que el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los Órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral; creándose en consecuencia una nueva estructura en el Órgano Judicial, con las jurisdicciones ordinaria y agroambiental, que coordinan y se complementan con las jurisdicciones indígena originaria campesina y especializadas, a través del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, que también es parte del Órgano Judicial; empero, hay que considerar que la vigencia plena de la Ley del Órgano Judicial, será de forma gradual, toda vez que entra en vigencia una primera parte al momento de su publicación, de acuerdo a la Disposición Transitoria Primera que señala: “Las disposiciones del Capítulo I, IV y V del Título I, excepto los Artículos 9, 10, 23 y 25; Capítulo I y Sección I del Capítulo II del Título II, excepto el numeral 3 del Artículo 31 y Artículo 32; Capítulo I, Sección I del Capítulo II del Título III; los Títulos IV y V; y el Capítulo I del Título VI, con excepción de los artículos 176 y 177” (sic.); de igual modo, de conformidad con la Disposición Transitoria Segunda, entran en vigencia las demás normas de la Ley del Órgano Judicial, cuando son posesionados los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, y Magistrados del Consejo de la Magistratura, “con excepción del Capítulo IV del Título II; Sección II y III del Capítulo II, y Capítulo III del Título III”; lo que significa que la Ley del Órgano Judicial, aún no está vigente en su integridad; consiguientemente, se aplica la anterior Ley de Organización Judicial, siempre y cuando no contradiga a la nueva Ley del Órgano Judicial, en cuanto se refiere a sus disposiciones vigentes.

Es en ese marco legal que la misma ley a través de la Disposición Transitoria Cuarta prevé: “Todas las vocales y los vocales, juezas y jueces, secretarias y secretarios, actuarias y actuarios, demás servidoras y servidores judiciales y administrativos, así como las notarias y los notarios actualmente en ejercicio, deberán continuar en sus funciones hasta la designación de las y los nuevos servidores judiciales. Podrán participar en los procesos de selección y designación que lleve adelante el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y los Tribunales Departamentales respectivamente, en el marco de sus atribuciones”; para comprender el alcance de esta norma legal, se debe considerar que la misma tiene un fin específico, el cual es evitar que se produzcan acefalías, mientras se produce la transición de la entonces Ley de Organización Judicial a la nueva Ley del Órgano Judicial.