SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0759/2013-L

           En el anterior régimen constitucional se estableció que la seguridad jurídica era un derecho fundamental; sin embargo, a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, se encuentra establecida en la normativa constitucional como un principio que sustenta la potestad de impartir justicia (art. 178 de la CPE) y a la vez es un principio articulador de la economía plural (art. 306.II de la CPE). En este sentido, el principio de seguridad jurídica, ya no es objeto de tutela a través de la acción de amparo constitucional cuyo fin es dar protección a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política del Estado e Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado Boliviano y la ley. Así se ha pronunciado la jurisprudencia constitucional en la SC 0096/2010-R de 4 de mayo, entre otras. Este razonamiento se hace extensivo a cualquier principio que definido como tal sea invocado como lesionado; por esta razón el principio de seguridad jurídica, así como los de reserva de ley e igualdad, invocados como vulnerados por los accionantes en el presente caso, no pueden ser atendidos y quedan excluidos del análisis.