SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0129/2014-S1

En el caso objeto de revisión, el accionante manifiesta que las autoridades jurisdiccionales demandadas, han lesionado sus derechos al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la defensa, a la igualdad procesal, a la adquisición y conservación de la propiedad agraria mediante el trabajo, al acceso a la justicia y el principio de legalidad, toda vez que, inicialmente el Juez Agroambiental de Quillacollo del departamento de Cochabamba, luego de admitir una demanda de reivindicación en su contra formulada por Fernando Calvi Vargas, rechazó la excepción de incompetencia planteada por su parte, no obstante que mediante la misma, puso en conocimiento del juzgador que, los terrenos en litigio se hallaban sometidos a proceso de saneamiento a pedido de parte ante el INRA, instancia a la que -según el accionante- le competía resolver respecto al derecho propietario de las parcelas en disputa.

Añade también que, de manera irregular y errónea, el juzgador admitió en calidad de prueba suficiente un supuesto contrato de aparcería que no fue reconocido en sus firmas y que por ende, al no dar cumplimiento a la previsión contenida en el art. 1297 del CC, no podía otorgársele ningún valor legal; asimismo, agrega que, el juzgador, admitió la adhesión de la esposa del demandante de manera extemporánea, vulnerándose así, entre

Finalmente agrega que, el inmueble objeto de la demanda, fue sometido a proceso ejecutivo y posterior remate judicial, adjudicándose el mismo, Oscar Centellas López, mediante Auto de 17 de septiembre de 2011; por lo que, al momento de plantear la demanda reivindicatoria, el demandante ya no era titular del derecho propietario sobre aquellas tierras, máxime si se considera que, además, mediante RS 03504 de 12 de agosto de 2010, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y la Ministra de Desarrollo Rural y Sostenible, dispusieron la nulidad de los Títulos Ejecutoriales del predio “Falsuri”; entre ellos, los de Fernando Calvi Vargas.